Fabiola Yañez finalmente pudo festejar una victoria en el plano judicial. La Justicia la sobreseyó en la causa que le había iniciado el expresidente Alberto Fernández por la filtración de los videos de Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Fue una victoria fortuita. Un tribunal consideró que la acción penal estaba extinguida por el paso del tiempo.

La causa penal comenzó en agosto de 2024, en pleno escándalo por la demuncia de violencia de género. Fernández contratacó contra su ex pareja cuando se conocieron los videos de Tamara Pettinato que habían quedado almacenados en su teléfono. En realidad, fue una denuncia para intentar frenar otro tipo de filtraciones.

“Dicha información está contenida en el teléfono, que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”, se quejaba por entonces el ex presidente. Se refería a los videos de Pettinato.

El video completo de la cena entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato en Casa Rosada

Fernández también se había quejado sobre el accionar de los medios de comunicación, por la difusión de los videos, aunque nunca accionó judicialmente. “No es mi intención iniciar acciones legales respecto de todos los medios periodísticos, por lo que digan de mí, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de hechos tan graves como la violencia de género y se aprovecha ese contexto para mancillar los nombres y el honor de otras personas”, se quejaba por entonces.

La causa avanzó y llegó hasta el Tribunal Oral Criminal 4. En junio de este año, ese tribunal le ordenó a la querella que notifique a los abogados de Yañez, que en este expediente fue representada por una defensora oficial. Un mes después, según el fallo al que accedió LA NACION, la querella requirió algunas medidas de prueba, pero “nunca respondió la intimación relativa a la notificación de la querellada Yáñez”.

La defensa de la ex primera dama aprovechó la “demora” y pidió la prescripción por el plazo previsto en el artículo 422 del Código Procesal Penal. Esa norma estipula que “se tendrá por desistida la acción privada cuando: el querellante o su mandatario no instaren el procedimiento durante sesenta días”.

Los abogados de Fernández cuestionaron la interpretación de ese artículo y plantearon que no debe no utilizarse “como mecanismo para frustrar el debate” o para “lesionar el derecho del querellante a obtener una respuesta jurisdiccional razonada”.

El tribunal finalmente le dio la razón a la defensa de Yañez y dictó su sobreseimiento. “Sólo para cubrir la exigencia de autosuficiencia, dado que la propia querella ya ha admitido que el plazo se encuentra cumplido si se comienza a contar a partir del 07/07/20255, advierto que, en rigor, la parte no ha instado el procedimiento debidamente desde el 25/06/2025, fecha desde la que han transcurrido más de sesenta días hábiles”, dice el fallo.

Cambio de abogados y una negociación abierta

Fabiola Yañez regresó a la Argentina hace dos semanas para intentar llegar a un acuerdo con Alberto Fernández. Esa jugada generó cortocircuitos con su abogada, Mariana Gallego, que decidió renunciar a su defensa en el expediente civil, donde la pareja discute la cuota alimentaria, y en otra causa que tramita en la ciudad de Buenos Aires por amenazas e impedimento de contacto.

Apenas unas horas después, Yañez designó a otras dos abogadas en ambas causas: Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa. No fue una sorpresa. “Ya habían comenzado a negociar un acuerdo por afuera del expediente civil. Por ahora ese acuerdo está totalmente descartado porque plantea condiciones ilógicas”, dijeron cerca del ex presidente.

La pelea de fondo sigue siendo la causa por violencia de género, que quedó en suspenso tras el apartamiento del juez Julián Ercolini. Esa decisión todavía está en vilo. Este miércoles, el abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un recurso extraordinario y ahora la decisión quedó en manos de la Corte Suprema.

El fiscal que instruyó el expediente, Ramiro González, pidió en agosto del año pasado elevar la causa a juicio oral, pero el expresidente planteó una serie de nulidades que deben resolverse. Por ahora, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, el candidato que propuso Fernández en su momento para la Procuración.