La pareja de varones que logró que, por primera vez, la Defensoría del Pueblo (DPN) se pronuncie a favor de que una obra social cubra el costo de la técnica de reproducción humana asistida denominada «útero subrogado», pide una ley que «clarifique» el tema. La decisión de la Defensoría -que Télam publicó el 13 de septiembre último- llegó luego de la presentación que hicieron en el organismo Germán Benitez y Marcelo Sittner, quienes consideran que esa técnica es «un derecho» y «un acto de amor». «En 2010, con la ley de matrimonio igualitario, nos acercamos un poco más a la igualdad y al acceso a derechos. Pero ahora que la obra social Osecac (Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles) nos niega la práctica, está demostrado que aún no tenemos igualdad real», reflexionó Sittner. A pesar de la recomendación favorable de la Defensoría, y posteriores instancias de mediación con la obra social, la respuesta sigue siendo negativa. «El próximo paso es presentar un amparo judicial para que se concrete la cobertura», adelantó a esta agencia la abogada Flavia Massenzio, de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El organismo viene acompañando a la pareja, cuya situación «es similar a la muchas otras personas de todo el país, con la cuales estamos en contacto a través de grupos en redes sociales y con quien hicimos una guía de comunicación sobre gestación solidaria», contó la profesional. En esa guía se informa que «existen aproximadamente más de tres mil personas miembros de grupos de redes sociales destinados a facilitar la gestación solidaria». «La ley 26.862 de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, la Organización Mundial de la Salud, nuestra Constitución, nos dan la razón. Lo que falta es la regulación. Pero es una práctica que no está prohibida», resaltaron.

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