La iniciativa original obligaba a los canales de aire a dar su señal de forma gratuita pero el oficialista Partido Colorado se opuso a esa propuesta. Los partidos de la coalición de Gobierno en Uruguay lograron un consenso para empezar a tramitar en el Congreso un proyecto de ley de medios que permitiría más concentración, una de las prioridades de la agenda oficialista, cuya discusión legislativa había sido postergada el año pasado por diferencias internas, informó la prensa local. Autoridades del Poder Ejecutivo, senadores, diputados y la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, mantuvieron este viernes una extensa reunión por Zoom en la que acordaron las líneas generales de la iniciativa legislativo, reportó  el periódico El País. Durante el encuentro, el oficialismo abordó y zanjó los puntos más polémicos del proyecto legislativo, si bien su redacción definitiva será afinada el próximo miércoles en una nueva reunión presencial. La intención de los legisladores de la coalición gubernamental es discutir la medida en las comisiones respectivas y luego aprobarla de forma “unitaria” en el plenario de ambas cámaras antes de finales de mayo. En la reunión del viernes se consensuó una opción intermedia: una persona podrá tener hasta cuatro frecuencias en Montevideo y seis en el interior del país, independientemente de si son licencias de radio o televisión abierta.” Uno de los puntos en los que alcanzó un acuerdo es el referido a la cantidad de medios. Mientras la norma vigente establece que una persona no puede tener más de tres, el texto inicial del proyecto ampliaba la titularidad «total o parcial» hasta ocho licencias. Sin embargo, en la reunión del viernes se consensuó una opción intermedia: una persona podrá tener hasta cuatro frecuencias en Montevideo y seis en el interior del país, independientemente de si son licencias de radio o televisión abierta. Otro de los artículos controvertidos era el que habilitaba a las empresas de televisión por cable a ofrecer servicios de banda ancha, en el que se establecía la obligatoriedad de que la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) fuera arrendataria de su infraestructura de fibra óptica para que las firmas privadas pudieran vender los servicios de Internet. Tras polémicas con el opositor Frente Amplio y luego de negociaciones entre los parlamentarios de la coalición, se decidió cambiar la redacción para extender a todas las empresas de telecomunicación, y no solo a Antel, la disposición de arrendar sus servicios de infraestructura a las señales de televisión por cable. Además, el objetivo central de los oficialistas era lograr un texto que no afectara los servicios de Antel, por lo que ayer se negoció que el proyecto a tratar en el Parlamento no incluya la obligatoriedad para la compañía estatal de compartir su infraestructura. Al mismo tiempo, se acordó un texto más amplio que habilitará a las empresas de televisión por cable a solicitar licencias para ofrecer Internet. El tercer aspecto en el que existían diferencias entre los …

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