El Presidente reveló que había «instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal». El Gobierno nacional pule la presentación judicial que en breve será enviada a los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, definido por el presidente Alberto Fernández como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra». La denuncia estará lista en un «breve plazo», cuando culmine el proceso de revisión que por estos días ejecuta la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a cargo de Carlos Montero, y luego pasará por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Félix Crous, según informaron fuentes judiciales. La elaboración de la «querella criminal», tal como fuera presentada por el Presidente en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, constará de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Carlos Zannini. Durante su discurso ante el Congreso, el Presidente reveló que había «instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra». Las denuncias presentadas En los días previos, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia por la toma de deuda presentada en 2019 por el director del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros, según pudo reconstruir Télam. Esa denuncia formó parte de la documentación que la actual conducción del Banco Central, presidido por Miguel Pesce, le elevó a la Sigen. La denuncia de Lozano había caído en manos del juez Sebastián Ramos, quien el 5 de febrero del año pasado la remitió a su colega María Eugenia Capuchetti. La magistrada acumula en su juzgado un serie de denuncias presentadas en distintos momentos y sobre las cuales el fiscal federal Franco Picardi impulsó la investigación el 28 de diciembre pasado, en un dictamen de 63 carillas. Capuchetti ya ordenó medidas de prueba y envió pedidos de informe a diferentes organismos oficiales, cuya respuesta se aguarda, explicaron fuentes del caso. En el dictamen acusatorio que englobó todas las denuncias presentadas hasta ese momento en el fuero federal porteño, Picardi reclamó investigar si los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso, ya sea encabezándolo o dirigiéndolo, obtuvieron algún «beneficio económico indebido» para sí o para terceros. También si pudo haber tráfico de influencias o uso de información privilegiada y si se saltearon procedimientos administrativos fijados por ley. En concreto y en base a la prueba que ya está en Tribunales, Picardi aludió a «cuestiones procedimentales» surgidas del análisis …

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