La investigación judicial que analiza irregularidades en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), bajo la gestión de Mauricio Macri, quedó reorientada hoy, tras la incorporación de nuevos elementos de prueba a la causa, a develar si existió o no “un sistema de corrupción” al que se desviaron los fondos subejecutados para el fomento del cine, según denunciaron diferentes entidades de cineastas. Cuatro denuncias fueron promovidas el año pasado por Documentalistas Argentinos (DOCA), Directores Independientes de Cine (DIC) y la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) sobre incumplimientos a la Ley de Cine y apuntan al ex presidente del Instituto, Ralph Haiek, y el ex gerente general, Juan Francisco García Aramburu. En la última semana, se sumaron nuevos elementos de prueba sobre el destino final de los fondos, por lo que, ahora, los denunciantes afirman que, además de la “malversación de fondos”, hay elementos para acreditar “un sistema doloso de corrupción y propaganda”. En diálogo con Télam, Juan Mascaró, presidente de DOCA, precisó: «Hay pruebas suficientes en contra de Haiek para que se lo llame a declaración indagatoria. Estamos seguros de que durante el desarrollo del proceso se seguirán encontrando pruebas a través del relevamiento que tiene que hacer la propia Justicia, con la que la gestión actual del Incaa prometió colaborar”. Los expedientes A raíz de las denuncias, hay cuatro expedientes abiertos en los juzgados federales de Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo, pero fuentes de Comodoro Py consultadas por Télam observaron que, «más tarde o más temprano, las investigaciones derivarán en una causa integral que acumule a todas». Si bien los denunciantes señalan múltiples hechos por diferentes incumplimientos de la Ley de Cine, en todos los casos están relacionados con una subejecución de los fondos de fomento que, afirman, alcanza los 800 millones de pesos. En la documentación a la que accedió Télam se observan como principales imputaciones a Haiek y Aramburu el incumplimiento de la ley que obliga a destinar el 50 por ciento de los fondos de fomento del cine al subsidio de películas nacionales, la negativa a otorgar créditos en los dos últimos años de gestión y el abandono del control sobre las salas de exhibición que tienen que cumplir con una cuota mínima de películas nacionales. Por esos hechos, se señalan los delitos de “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “malversación de fondos”, que tienen penas de hasta dos años de prisión. Pero DOCA, APRI y DIC esta semana fueron más allá y ahora enfatizan sobre el destino venal de ese dinero no invertido. “Se organizó y perfeccionó un sistema doloso de corrupción” y, como parte de él se destinó a “pagar los pasajes en primera clase de los funcionarios del Incaa, sobreprecios en contrataciones y en obras innecesarias, especialmente las del cine Gaumont, en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica)” y en las contrataciones para …

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