La incomprensible decisión del gobierno de Mauricio Macri de impedir que aterrizara un avión de la empresa Conviasa enviado por el gobierno constitucional de Nicolás Maduro para que 90 ciudadanos venezolanos migrantes pudieran retornar a Caracas obligó a la embajada de Venezuela en Buenos Aires a organizar un nuevo operativo que implicó trasladar a sus compatriotas hacia Montevideo, Uruguay, desde donde partirán hacia la capital venezolana. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró la decisión de Macri como “inhumana” y la caracterización suena más que acertada. Sobre todo si se considera que la decisión de la Casa Rosada se contradice con el discurso oficial que predica la ayuda a la población de Venezuela. En este caso, otro intento de bloqueo contra el gobierno de Maduro termina perjudicando a los ciudadanos que decidieron retornar a su país. La decisión inhumana del Gob. argentino no detuvo al Gobierno Bolivariano. Los 90 compatriotas que debieron regresar el viernes desde Buenos Aires con el #PlanVueltaALaPatria, van rumbo a Montevideo para abordar el avión de @LAConviasa que los traerá a casa. ¡Gracias, Uruguay! https://t.co/U9D1yY1me5 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 15, 2019 El sábado pasado estaba previsto que partiera desde Ezeiza el cuarto vuelo hacia Caracas con migrantes venezolanos inscriptos en el programa Vuelta a la Patria, que el presidente Maduro implementó para favorecer el regreso de aquellos migrantes que habían partido a diferentes países en busca de nuevas oportunidades pero vivieron situaciones de vulnerabilidad e, inclusive, de explotación laboral. A través de este programa ya han regresado a Venezuela 14 mil ciudadanos. Sin embargo, las autoridades argentinas no autorizaron el vuelo de Conviasa, la línea de bandera venezolana, por lo cual se frustró el traslado de las 90 personas que esperaban el regreso a su país. La prohibición del vuelo, que se enmarca en la política de la Argentina alineada con la agresión desestabilizadora que el gobierno de los Estados Unidos implementa contra Venezuela, obligó a la Cancillería venezolana a implementar un operativo alternativo que culminó cuando Tabaré Vázquez autorizó que aquel vuelo frustrado se realice desde Montevideo. Los traslados anteriores habían tenido sus complicaciones como por ejemplo cambiar el horario del despegue o incluso del aeropuerto desde donde debía partir. Incluso habían impedido que la empresa que se encarga de la limpieza de las aeronaves hiciera el trabajo de aseo previo al vuelo. Pero en esta oportunidad fue peor porque la fecha prevista del viaje se acercaba y no llegaba la autorización. La embajada venezolana hizo contactos con Cancillería, realizados al más alto nivel, pero no lograba una respuesta concreta. Esta ausencia de autorización incluyó que desde Cancillería le dijeran a los diplomáticos venezolanos que quien debía autorizar eran las Fuerzas Armadas argentinas, que a su vez decían que debían esperar la orden directa de Casa Rosada. Hubo fuertes discusiones, tanto a nivel de los diplomáticos como de los uniformados hasta que un militar de alto rango argentino dijo que la autorización nunca se iba a producir. Lo dijo un día antes del vuelo. La embajada pidió a Cancillería argentina que deje sentado por escrito su negativa. Nunca lo hicieron. Pocas horas antes del día del vuelo se supo que no se realizaría. Para ese entonces, los ciudadanos venezolanos ya habían abandonado sus viviendas en Buenos Aires y no tenían donde ir. Esto provocó escenas de nervios y ataques de pánico cuando en la embajada les informaron de la prohibición. En ese mismo momento, en Cancillería le entregaban a la representante en la Argentina del diputado Juan Guaidó, Elisa Trotta Gamus, una especie de credencial …

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