Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. Por Camilo Rengifo Marín * El asesinato de dos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Cauca, confirman los denunciados indicios de un plan sistemático para eliminar a los exguerrilleros que se acogieron a los acuerdos de paz suscritos con el gobierno. Ya suman 135 los rebeldes que depusieron sus armas y fueron asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016, 34 de sus familiares también fueron muertos y onc excombatientes fueron desaparecidos. Además de los ataques a exguerrilleros, Colombia enfrenta una campaña de asesinatos selectivos de líderes comunitarios y/o activistas de derechos humanos, que deja 462 muertos desde el 1° de enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo. Para el partido FARC, «estos asesinatos sistemáticos (…) son responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos». Al contundente reclamo se unió el partido de centro Alianza Verde que sostuvo que «las amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes trabajan en los territorios han puesto en evidencia un Estado fallido». A juicio de diferentes sectores, las pérdidas humanas se han convertido simplemente en estadísticas para las autoridades, ya que faltan acciones contundentes por parte del presidente colombiano, Iván Duque, para detener el derramamiento de sangre. El constante riesgo sobre la vida ha causado temor en los excombatientes , porque no encuentran garantías para desarrollar sus proyectos productivos, no pueden ver su participación en política y están viendo truncada la reincorporación. Desde el gobierno no parece haber voluntad para adelantar los procesos necesarios para establecer la autoría material e intelectual de los asesinatos y amenazas. Este martes fueron asesinados Luis Carlos Yunda y Weimar Galíndez, integrantes de FARC que se acogieron al proceso de paz y llevaban adelante su reincorporación en Cauca. Yunda pertenecía a la cooperativa Ceproded, trabajaba como cultivador de piña, vivía en el Espacio Transitorio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monte Redondo en Miranda y Galíndez vivía cerca al municipio de Miranda junto a su familia. De acuerdo con el senador del partido Farc Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, las intenciones no son solamente “continuar con la eliminación física de nuestros militantes, sino escalar esta situación y dirigir estos atentados contra los integrantes de la dirección del partido”. Luis Enríquez, integrante de la dirección del partido FARC en Cauca señaló que Weimar se encontraba cerca a la vereda donde vivía departiendo con campesinos cuando hombres armados le propinaron tres disparos que acabaron con su vida. En el caso de Carlos Yunda, armados atentaron contra su vida en la vereda El Jagual, en la que se encontraba junto a su hermano, quien está en delicado estado de salud. En Cauca los integrantes del partido FARC están constantemente sometidos a panfletos, llamadas amenazantes y seguimientos irregulares. “Cuando se han identificado los que amenazan, lo hacen bajo el nombre de Águilas Negras», señaló Enríquez, quien añadió que quienes han visto estas bandas operar, los han identificado como «grupos de corte paramilitar”. La Unidad Nacional de Protección (UNP) no está garantizando los desplazamientos para las personas que cuentan con esquemas de protección, y no entregan los viáticos a los escoltas para que puedan desarrollar su trabajo, previstos en el Acuerdo de Paz, así como el impulso de medidas de autoprotección comunitarias. Mientras, haciendo oídos sordos, el gobierno colombiano reafirmó su postura …

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