Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. Por Gonzalo García Núñez * La importancia del debate constitucional es sustancial para el futuro del país. Para evaluar el impacto de un cambio de la Carta Magna sobre la sociedad y la economía, como ejemplo, cabe recordar el proceso de desposesión de los recursos del Estado amparado en el artículo 60º de la Constitución de 1993. Este dice “…. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Así quedo consagrado el rol subsidiario del Estado y con tal cobertura se usaron decretos que habían establecido, luego del golpe del 5 de abril, los contratos ley, los contratos de estabilidad jurídica y los contratos de estabilidad tributaria para los inversionistas extranjeros. ¿Dónde están los chivilines? Luego de largos años de siniestro manejo de la cosa pública es ineludible la revisión de las 223 ventas de las empresas de todos por un monto cercano a los diez mil millones de dólares; amen de los remates de las participaciones, los derechos, las acciones y los títulos del Estado, la publicación de las auditorias de los procesos de subasta y el libro blanco de cada una de las operaciones “privatizadoras”. También la suerte desgraciada de 150 mil trabajadores en la primera purga y unos 75 mil adicionales durante el periodo de los noventa. El monto de estas cifras no es moco de pavo. De los 9, 221 millones de dólares que se declaran como recibidos durante el remate privatizador quedaron solo 543 millones en caja al 21 de noviembre del 2000. Así lo reveló un fallecido ex ministro de Economía al ceñirse el fajín fujimorista. Sucesores surgieron que no quedaba ni el concolón ante una preocupada comisión de investigación parlamentaria. Pura comparación, caro lector, el billete equivalía al 92% del presupuesto de cierre de la cacodécada de los 90s. ¿Dónde se fueron los chivilines del remate de las empresas públicas? La carne fina al pliego del ministro de la Presidencia, hoy disuelto; el jamón a la barra brava de los sectores Defensa e Interior, el churrasco a los yupies del MEF, pagar deuda pública e intereses. Quedo malaya para reponer los fondos previsionales, las pensiones de los viejitos. Se salvo la hidroeléctrica del Mantaro que financia el FONAPU y que ahora sirve para los pingues negocios de venta de electricidad de consorcios ibéricos. Mucha agua se quedó en los intersticios de los contratos de venta: Hubo pagos a cuenta con papeles de la deuda eterna; generosas ventas a plazos; comisiones de “éxito” (sic); honorarios suculentos a la intermediación de algunos caimanes; gastos sufragados a ciertos acreditados estudios de abogados, especialistas en sillas giratorias (Durand) y sobretodo abundante publicidad- Borobios y colegas beneficiarios de jugosas cuentas marketeras – entre otros gastos de funcionamiento que no sabemos todavía si han terminado auditarse. Por lo pronto, COPRI, la entidad creada para la deposesion del patrimonio productivo del Estado fue piadosamente cerrada. Realidad versus cuentos Pero, tanto o más importante que el destino de lo dispendiado, es comprender el sentido de la voluntad de privatización emprendida desde 1992, como comprender todo lo del fujimontesinismo, al amparo del apagón democrático del 5 de abril. La idea propagandizada era desarrollar al sector privado nativo, transfiriendo la gestión de un varias veces acusado de ineficiente sector público a la mítica eficacia de la rentabilidad privada. Curiosamente los compradores fueron en gran …

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