Guillermo Lasso y la «muerte cruzada» en Ecuador Por Franklin Ramírez Gallegos* El presidente ecuatoriano decidió finalmente disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas, ante el avance del juicio político en su contra. Se abre así un periodo de seis meses en el que el debilitado mandatario concentrará el poder mientras el país se encamina hacia las elecciones presidenciales y legislativas, en medio de una fuerte crisis política, social y de seguridad. El domingo 14 de mayo, la oposición asestó un duro golpe a Guillermo Lasso. Con dos tercios de los votos, consiguió elegir al presidente y a todo el consejo de administración legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional. El oficialismo ni siquiera pudo presentar una candidatura alterna. Los 96 votos en favor de Virgilio Saquicela, reelecto al frente del Parlamento, provenían de la hasta hace un tiempo poco esperable coalición entre Revolución Ciudadana (RC), el derechista Partido Social Cristiano (PSC), una facción de Pachakutik (PK) y un grupo de «independientes». Dos días después se reanudaría el tramo final del juicio político al presidente. El juicio, inédito en la reciente historia republicana, tomó fuerza el 30 de marzo con el visto bueno de la Corte Constitucional a la solicitud de la Asamblea para enjuiciar al primer mandatario. Entre otras graves acusaciones, la Corte avaló la causa por irregularidades (peculado) en el contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool. Tras una enorme tensión política de más de 45 días, para completar el procedimiento solo restaba la comparecencia de Lasso ante el pleno del Parlamento y la votación final. Para destituir al ex-banquero del Opus Dei y primer político afín a ideas liberal-libertarias en llegar al poder en Ecuador, el Congreso debía reunir 92 votos sobre 137. Pero el juicio político no pudo llegar a término. Su última sesión tuvo lugar el martes 16 de mayo con la presencia de Lasso en el Parlamento. Dados sus sucesivos desplantes a los llamados a control legislativo en el pasado, se especulaba que su abogado asumiría su defensa. Además de breve -ocupó 45 minutos de las tres horas que tenía asignadas-, la intervención presidencial solo abordó de modo superficial las acusaciones en su contra. Se centró más bien en atacar a sus interpelantes y en presentar una suerte de informe de gestión anticipado en el que retrató un país estable y próspero que, a excepción de las grandes elites, nadie reconoce. Pocas horas después, al amanecer del 17 de mayo, Lasso develó finalmente el enigma sobre su estrategia: decretó la disolución de la Asamblea, asumió poderes concentrados y llamó a elecciones generales en uso de la figura de la «muerte cruzada». La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional -también puede ocurrir a la inversa- por obstruir el plan de gobierno, por arrogarse funciones que no le competen o por crisis política y conmoción interna (Art. 148). Al hacerlo, no obstante, debe convocar de inmediato a elecciones generales. Pero si la Asamblea cesa automáticamente en funciones, el jefe de Estado sobrevive sin contrapoderes y asume incluso facultades excepcionales -emitir decretos económicos de urgencia con un control blando de la Corte Constitucional- durante (al menos) medio año. Así, la etiqueta de «muerte cruzada» esconde el desbalance de poder entre Ejecutivo y Legislativo. El sesgo presidencialista de este mecanismo de corte más bien parlamentario, introducido en la Constitución de 2008 bajo Rafael Correa y hasta ahora nunca utilizado, es inocultable. De todos modos, la convocatoria a elecciones coloca al pueblo en posición de dirimir con su voto escenarios de entrampamiento …
