Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. Por Mladen Yopo H.* El próximo 13 de junio los chilenos podrán volver a las urnas. Ese día se realizará la segunda vuelta de la inédita elección de gobernadores en aquellas regiones cuyos postulantes no alcanzaron el 40% de los votos válidamente emitidos. Esto dejó para el balotaje a 13 regiones, incluyendo la región Metropolitana (Santiago y sus alrededores): solo las regiones de Valparaíso con Rodrigo Mundaca del izquierdista Frente Amplio (298.398 votos, equivalente al 43, 71%), de Aysén con Andrea Macías de la centro-izquierdista Unidad Constituyente (18.283 votos, equivalente al 48, 72%) y Magallanes con Jorge Flies de la misma Unidad Constituyente (24.768 votos, equivalente al 42, 14%), lograron sortear la valla impuesta. Sin embargo, y más allá de la descentralización tan esperada por los “no santiaguinos” y del poder administrativo que otorga el cargo, detrás de este balotaje se esconden las dinámicas de readecuación del poder político. A diferencia de los actuales intendentes (figura de tradición de la monarquía borbona presente desde el inicio de la República), los gobernadores regionales son electos por votación popular y su cargo se extenderá por 4 años, pudiendo ser reelegido en forma consecutiva solo para el período siguiente (8 años en total). Nunca los chilenos han elegido en las urnas a sus líderes regionales, siendo uno de los dos países de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),  junto con Turquía, que no elige a las autoridades intermedias, como sí hacen, por ejemplo, Argentina, Brasil o Perú. Como dice Egon Montecino, “por primera vez en Chile tendremos una autoridad regional que va a representar a los habitantes de las respectivas regiones; y las regiones, por primera vez, van a transformarse en unidades políticas” con las atribuciones del cargo de darle estabilidad a proyectos, planes y programas que muchas veces se ven obstaculizados o detenidos por intereses del centro. Esto representa un gran paso democratizador y una ruptura del centralismo prevaleciente en la historia nacional. En el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet (2014-2018), el Parlamento aprobó una reforma que eliminaba al intendente. Su figura se dividió en dos: la del gobernador regional electo, que se votaba por primera vez, y la del delegado presidencial, que seguirá siendo el representante del mandatario en el territorio respectivo. Sin embargo, la propuesta original era elegir al intendente con todo lo que implica, salvo el control de las policías. Pero la elite en general no tuvo la convicción para respaldar el proyecto, porque implicaba perder poder y control. Así los delegados presidenciales regionales seguirán con un rol relevante en la gestión y coordinación de servicios públicos desconcentrados en regiones, aunque la ley corta para perfeccionar las leyes de descentralización (aún no aprobada en el Congreso) o incluso en la nueva Constitución podrían aminorar su rol. El gobernador o gobernadora presidirá el Consejo Regional y tendrá entre sus tareas la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependen o se relacionan con el Gobierno Regional. También podrán asignar recursos de los programas de inversión regional, así como de los programas de inversión sectorial de asignación regional. En la actualidad, cabe consignar que Chile es uno de los países de la OCDE con menor % del gasto público decidido a nivel subnacional (regiones y municipios): mientras la media en dichos países es de 50% en Chile no alcanza al 16%. Con la puesta en marcha del cargo de gobernador se espera que esto empiece a cambiar. De la geografía a la …

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