Carta: Proteger el derecho de los pueblos indígenas a la protesta Las organizaciones de la sociedad civil firmantes pedimos con urgencia al Estado Ecuatoriano, particularmente a las instituciones de justicia, que garanticen el debido proceso y no usen de manera abusiva el derecho penal para perseguir y desalentar la labor de líderes del movimiento indígena que hoy está criminalizado por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Asimismo, al Presidente Guillermo Lasso y a la Fuerza Pública, les exhortamos a que respeten la movilización y el derecho a la protesta social, no hagan uso indebido de la fuerza y garanticen la independencia judicial para respetar el ejercicio de derechos a los manifestantes, y a líderes/as indígenas y defensores/as de derechos humanos, y que puedan desempeñar sus funciones tan importantes en un estado democrático y de derechos. Esta movilización nacional en Ecuador inició el lunes 13 de junio de 2022, y fue convocada por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y diversas organizaciones indígenas y sociales. La movilización está motivada por la imposición de políticas neoliberales del gobierno que ha llevado a la exacerbación de la pobreza, la disminución del presupuesto general del Estado en Salud y Educación y la reducción de políticas sociales de igualdad social, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la imposición agresiva de políticas y actividades extractivas (minería y petróleo), la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y en general, por la falta de garantías para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de la población. Desde el inicio de esta movilización nacional, la respuesta estatal ha sido la de estigmatizar, reprimir y criminalizar la protesta en diversos puntos del país, fruto de lo cual se han dado múltiples hechos de persecución, uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado y privación de libertad contra dirigentes y manifestantes. El 14 de junio de 2022, el presidente de CONAIE y líder del Movimiento Indígena ecuatoriano, Leonidas Iza Salazar, fue detenido arbitrariamente y privado de libertad por miembros de Fuerzas Armadas del Ecuador y agentes de la Policía Nacional, durante 24 horas, durante las cuales permaneció en aislamiento por más de 15 horas, desaparecido gran parte de ellas; incomunicado de su familia y abogados, retenido en instalaciones policiales o militares y sin haber sido informado de las razones de su detención. Pese a estas vulneraciones a sus derechos, una Jueza declaró la legalidad de su detención y se inició un proceso penal contra él por supuesta paralización de servicio público; en un claro ejemplo de criminalización y de intento de aplastar el ejercicio del derecho universal a la protesta social encarnado en el líder del Movimiento indígena. El futuro legal de Iza sigue siendo incierto mientras espera la audiencia del 4 de julio donde los jueces determinarán su presunta responsabilidad en los actos por los que se le investiga. Es una gran preocupación que, con el ánimo de silenciar al líder indigena y desalentar al Movimiento Indígena, se abuse del derecho y se condene al Sr. Iza. Por ello hacemos un enfático llamado al Consejo Nacional de la Judicatura y Fiscalía General para que se garantice el debido proceso y especialmente para que se proteja el derecho constitucional a la protesta. La criminalización de la protesta social viola los derechos de las comunidades indígenas que intentan resistir la precarización de las condiciones de vida, el desempleo y las actividades extractivas que amenazan su salud, territorios y formas de vida. El tratamiento que dé el actual …

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