Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. Por Jorge Elbaum * El miércoles 3 de julio se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados argentina, para hacer visible los múltiples formatos de violencia institucional ejecutados por el actual gobierno. La iniciativa fue organizada por el legislador Horacio Pietragalla y participaron del encuentro familiares de las víctimas, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y referentes de las bancadas de todo el arco opositor al macrismo. Entre los familiares estuvieron presentes el primo de Danilo Sansone, una de las víctimas de la masacre de San Miguel Del Monte en la que fueron asesinados cuatro jóvenes; los padres de Diego Cagliero, asesinado luego de una persecución policial; y hermanos de las víctimas de la cárcel de Esteban Echeverría, donde fallecieron por un incendio diez detenidos, como producto de la negligencia policial, el 15 de noviembre de 2018. La convocatoria realizada por Pietragalla se llevó a cabo ante la permanente negativa del titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Toty Flores (integrante del interbloque Cambiemos), quien desde hace más de un año se rehúsa a citar a los diputados integrantes de la Comisión para darle tratamiento legislativo a los proyectos ligados a su temática. Pérez Esquivel fue explícito al denunciar que “este gobierno viola los derechos humanos y el derecho de los pueblos, y esto es un daño enorme en la construcción democrática. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles, cuando se violan los derechos humanos la democracia se debilita y deja de ser democracia. Por eso es bueno que nos podamos reunir diferentes sectores políticos, culturales y sociales y que se realice en el Congreso de la Nación para reclamar al gobierno. Ya basta de represión. Un gobierno que no piensa en los niños es un gobierno que daña el presente e hipoteca el futuro”, señaló. El trasfondo estructural de las denuncias remite a los datos relevados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. En ese lapso el aparato estatal, a través de todas sus fuerzas de seguridad, ha asesinado a 1303 personas. Esa cuantificación implica que el 20 % de todos los muertos generados por fuerzas estatales en el actual periodo democrático inaugurado en 1983 (hasta febrero de este año) han sido producidas por el actual gobierno.[1] Esos datos sugieren que, durante el macrismo, se ha asesinado a una persona cada 21 horas, un guarismo que expresa la situación de desbocamiento de los organismos de seguridad, avalados por un discurso de permisividad represiva. Las características de la letalidad policial (definida por las acciones de agentes de seguridad indiferentes a los protocolos de prevención, y reproductores, por ende, de la violencia social), supone el abuso de la utilización de armas de fuego y la impunidad que suele caracterizar las investigaciones administrativas y judiciales de los hechos en los que las fuerzas de seguridad están imputadas [2]. El contexto que brinda legitimidad a la violencia estatal durante el gobierno macrista proviene de sus más altos exponentes políticos. La interpelación y condescendencia del votante segregacionista, parte del núcleo duro de Cambiemos, les reclama sobreactuar una autoridad fundada en la intimidación social, especialmente dirigida hacia los sectores más vulnerables. La vigilancia en las barriadas populares, la mano dura contra los manifestantes y la amenaza permanente contra los jóvenes se presentan como …

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