Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. Por Gustavo Petro * La Corte Suprema de Justicia, decidió en relación con el caso que se me abrió por el video de Juan Carlos Montes en donde me entregaba 20 millones de pesos para mi campaña al senado, prescribir y declararse inhibida y archivar el proceso. Prescribió por la fecha de los hechos. El año 2005, es decir que desmintió la denuncia de Abelardo, el cordobés amigo del paramilitarismo, que afirmaba en su denuncia, para hacer aparecer esos dineros como un pago del narcotráfico, que la entrega del dinero databa del año 2009, fecha en donde expuse al diario “El Espectador” mi propuesta de reforma de la extradición, que en vez de quitarla, la endurecía. Por esa misma razón la Corte Suprema de Justicia no solo prescribió la investigación, acto judicial que no demuestra mi inocencia, sino que se inhibió por no encontrar conducta atípica, es decir, no encontró la base de un delito, lo cual si demuestra mi inocencia. El video fue sustraído del computador personal de Juan Carlos Montes. Siempre sospeché que lo obtuvo el fiscal y se lo entregó a Paloma Valencia para lograr que la prensa no hablara de mi debate sobre su participación en los hechos de corrupción de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento, cosa que la prensa presurosa garantizó con centenares de noticias adversas a mi conducta, sin mencionar los hechos de uno de los casos mas grandes de corrupción que involucraba al fiscal del entonces. Que la senadora Paloma Valencia haya usado un video hurtado, es en si mismo delictivo. En su declaración bajo gravedad de juramento y preguntada sobre el hecho, dijo que se abstenía de mencionar la fuente porque ella era periodista. Es evidente que el uso de ese video no fue en calidad de periodista sino de senadora de la República. El video de Juan Carlos Montes sirvió para ocultar los graves hechos de corrupción en la ruta del Sol II que involucraban a los dos hombres más ricos de América del sur y de Colombia y a todos los partidos de la política tradicional de Colombia. 50 millones de dólares fueron distribuidos en sobornos a la dirigencia política del país, y el fiscal general resultó ser el abogado de Odebrecht y Sarmiento Angulo, dispuesto a garantizarles su impunidad. Pero a la prensa no le intereso a donde habían ido a parar los 50 millones de dólares, sino los 20 millones de pesos que me entregaba Juan Carlos. Hoy, varios años después, he demostrado mi inocencia. Pero en esos casi cuatro años, la prensa quiso deshacer mi imagen pública con horas enteras de opiniones, noticias, sugerencias que ponían en duda mi honorabilidad. En medio de esa avalancha, las redes uribistas amplificaron la calumnia y llegaron a millones de colombianos. Se trataba de destruir una candidatura presidencial con la mentira. ¿Cúal sería el valor, si se midiera en términos monetarios, de esa campaña de desprestigio contra mi? ¿Cómo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia podría ser reproducida de la misma manera que la noticia difamatoria? ¿Cómo medir el daño causado a la familia Montes, las amenazas a sus hijos, los allanamientos, la persecución contra ellos? Prácticamente no habría forma de indemnizar lo que significa para una familia una campaña de ese calibre. No se puede explicar en términos monetarios. Solo se puede explicar en términos políticos. La difamación que se ha construido sobre mí, que la Corte Suprema …

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