Foto: Cristian Mercado Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. Por Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo GSEID * Las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular (trabajadores informales), quienes abastecen a la ciudad y el campo de los bienes necesarios para su subsistencia, requieren medidas urgentes frente al confinamiento decretado, bajo diversas modalidades. Sus ingresos son diarios, y un confinamiento implica no poder trabajar, y por tanto carecer de ingresos de subsistencia. El trabajo de la economía popular (o informal) es el que satisface las necesidades vitales de: alimentación, vestido, transporte, cuidado de personas, reciclaje, reparaciones, cuidados cosméticos, entre otros. Le da a la sociedad bienes y servicios pero no recibe del Estado protección social ni  derechos sociales. La Economía Popular es compuesta por miles de ciudadanos que se ganan la vida en las calles o en famiempresas al interior de los hogares. Actividades como la venta ambulante, peluquerías, tiendas de barrio, recicladores, costureras, sastres, cuidadoras, emboladores, trabajadoras domésticas, trabajadores de las plataformas digitales de domicilios y de transporte de pasajeros, e incluso trabajadoras sexuales, entre otros. Ellos en una eventual situación de cuarentena no podrán acceder al sustento diario y van a pasar hambre y necesidades. Las propuestas que hace el grupo de Socioeconomía, de la Universidad Nacional de Colombia al Gobierno de Iván Duque son: Garantía del mínimo vital bajo las siguientes condiciones: Ampliar el beneficio económico de las diferentes transferencias condicionadas, tales como, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y Colombia mayor, empleando como principal instrumento a la primera de estas.  El monto asignado debería ser de mínimo de 500 mil pesos mensuales para hogares unipersonales, y de 300 mil pesos por persona para hogares con dos o más miembros, durante el tiempo que dure la crisis de salud pública, garantizando la permanencia de ancianos, mujeres y niños en casa, iniciando a partir del mes abril. Estas transferencias deben hacerse a todos los hogares y personas que lo requieran independientemente de su calificación en el SISBEN. Abrir el Registro virtual/Telefónico Nacional de Población Ocupada por Cuenta Propia y desempleada, que derivan su sustento de actividades de la economía popular (informal) o no tienen empleo, para realizar una transferencia monetaria equivalente a 500 mil pesos mensuales para hogares unipersonales, y de 300 mil pesos por persona para hogares con dos o más miembros, durante el proceso de crisis de salud pública. El procedimiento de autoregistro deberá contemplar por parte del Gobierno un mecanismo de filtro en bases de datos y garantía de identidad, así como de aspectos sancionatorios bajo declaración juramentada en caso de recibir el beneficio sin necesitar de él. Garantizar tanto para los inscritos en la base de datos de Familias en Acción como para aquellos registrados en el Registro Virtual/Telefónico Nacional de Población Ocupada por Cuenta Propia y desempleada, el pago de los servicios públicos domiciliarios incluyendo la conectividad y el pago del arriendo, en los casos que corresponda, siendo este beneficio cubierto por el Estado. Declarar suspendidos los pagos de créditos contraídos con entidades financieras, durante y hasta por tres meses después de regularizada la situación de crisis de salud pública, con tasas de interés cero para el período en cuestión.  Garantizar agua potable y saneamiento básico. Para la población recicladora de oficio formalizada, el pago de la tarifa debe garantizarse al día, para lo cual los operadores de aseo deberán autorizar todos los pagos pendientes. La población recicladora de …

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