El presidente Donald Trump anunció la firma del que consideró “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, por el cual Venezuela otorga a Estados Unidos el 20% de sus gigantescas reservas petroleras. Caracas, por su parte, estima que el entendimiento podría generar beneficios por 200.000 millones de dólares en concepto de regalías e impuestos durante los próximos 25 años.

El acuerdo, firmado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, contiene una compleja estructura jurídica. La empresa privada North American Blue Energy Partners (Nabep) es la beneficiaria de la concesión para la explotación de 17 yacimientos petroleros con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles.

La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá una participación accionaria del 35% de Nabep. A su vez, el Departamento de Estado se reserva el derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo y a tener la primera opción sobre el 80% restante. El consorcio tendrá al frente al venezolano Alejandro Betancourt, quien además de estar siendo investigado por presunto lavado de miles de millones de dólares en Suiza y España, mantiene desde hace más de una década una extensa red de contactos con las estructuras de poder en Caracas.

Paradójicamente, los chavistas que durante un cuarto de siglo se aferraron al poder con el argumento de que sus adversarios políticos querían entregarle el petróleo a Estados Unidos, terminaron ahora dándole a Washington acceso privilegiado a una gigantesca porción de las reservas del país.

El acuerdo va mucho más allá de una inversión energética: Washington se asegura acceso privilegiado a parte de las mayores reservas de crudo del mundo, se impone con una nueva estructura empresarial de la que participa el Pentágono y desplaza la influencia de Rusia y China en el sector.

Mostrar un éxito económico, como el que supone este convenio, otorgaría al Partido Republicano un impulso relevante con miras a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

Un acuerdo de largo plazo como este supone retos legales importantes. Cabe entonces preguntarse si puede un gobierno interino, sin legitimidad surgida de elecciones libres, comprometer durante décadas la principal riqueza de una nación.

Más aún, ¿puede garantizarse a las empresas e inversionistas que las decisiones tomadas en este contexto político institucional serán respetadas por un gobierno futuro, con mayor legitimidad?

Tras sellar el pacto petrolero, el presidente Trump y la mandataria interina, Delcy Rodríguez, afirmaron que el país no estaría preparado para celebrar elecciones y aseguraron que los comicios se realizarán cuando se den las condiciones necesarias, sin brindar más detalles al respecto. Acelerar una convocatoria a elecciones podría desplazar del poder a la estructura chavista que tan útil se ha revelado a los intereses de Estados Unidos.

Por su parte, al fijar su posición sobre el acuerdo, la líder de la oposición al chavismo, María Corina Machado, planteó una crítica centrada en su legitimidad y transparencia al desconocerse el verdadero alcance y beneficio para los venezolanos, señalando que cualquier inversión petrolera de gran magnitud requiere la legitimidad y estabilidad de un gobierno democrático.

Venezuela demanda inversiones, recuperar su industria y atender una emergencia social de proporciones. Pero antes necesita algo más elemental: elecciones libres, garantías para la oposición, liberación de los presos políticos y división de poderes. Solo recuperando la democracia y sus instituciones estará en capacidad de ofrecer garantías sólidas para comprometer sus riquezas, en un proyecto estratégico de recuperación económica y social para beneficio de todos los venezolanos, cuya distribución no quede sospechada a manos de quienes ya han llevado al país a la ruina, llenándose los propios bolsillos.