Familias de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg, conocido como Lengüitas, rechazaron la demanda presentada por el gobierno porteño, que les reclama más de $10.000.000 como una reparación económica por la toma de diez días realizada en ese establecimiento en 2022.

En una presentación, 53 de las 69 familias cuestionaron los fundamentos del reclamo, negaron que se les pueda atribuir responsabilidad por la protesta de sus hijos y pidieron que la Justicia desestime la demanda. El gobierno porteño habia argumentado que la negativa de los padres a retirar a sus hijos constituyó un aval a la toma del colegio, haciéndolos civilmente responsables por los costos económicos que debió afrontar el Estado.

“La sola circunstancia de que una familia no haya buscado a su hijo/a, por no haber recibido el aviso o por las razones que consten, no permite inferir que haya consentido o acompañado conducta alguna”, señala la presentación judicial a la que accedió LA NACION.

La contestación fue presentada con el patrocinio de la Defensoría Nº 5 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Giselle Furlong Pader. El escrito sostiene que la Ciudad no logró demostrar que la toma haya provocado un daño económico real, ni que las familias demandadas hayan tenido una participación en los hechos que permita responsabilizarlas.

Irregularidades y errores en las planillas oficiales

La contestación apunta a la fragilidad probatoria de las actas confeccionadas por el gobierno porteño. El escrito enumera fallas en los listados con los que la administración porteña, que en ese momento encabezaba Horacio Rodríguez Larreta, y cuya ministra de Educación era Soledad Acuña, pretende identificar a los supuestos responsables.

Enumera DNI duplicados atribuidos a distintas personas, nombres mal redactados y listados que no coinciden con las familias notificadas. Marcan, a la vez, que incluyen en las planillas alumnos que al momento de la toma se encontraban en Francia por un intercambio escolar, de reposo por indicación médica o ausentes por la festividad religiosa de Rosh Hashaná.

“El acta no acredita, con el grado de certeza exigible, quiénes fueron efectivamente contactados, qué se les informó, quiénes concurrieron a retirar a los/as estudiantes y qué conducta desplegó cada una de las personas a las que se pretende atribuir responsabilidad”, apunta.

Además, señala que las notificaciones llegaron cuatro años de sucedida la toma del Lengüitas, que comenzó el 26 de septiembre de 2022 se extendió hasta el 5 de octubre de 2022. Rclamaban por la mala calidad de las viandas escolares, en contra de reformas inconsultas y “la persecución política a los centros de estudiantes”.

La demanda, por la ocupación de 2022, fue promovida en 2023, pero la primera notificación fue del 25 de agosto pasado. “Buena parte de la documentación que permitiría reconstruir lo ocurrido no fue conservada, pues nada hacía prever que pudiera resultar necesaria”, se advierte.

Inexistencia de daño

El gobierno porteño le reclama colectivamente a las 69 familias demandadas del Lengüitas el costo de los salarios de docentes y de personal no docente correspondientes a los días de clases que no pudieron dictarse como consecuencia de la toma. Según detallaron, el monto surge de sumar el costo laboral del personal del Lengüitas y de la Escuela de Comercio N°26 Enrique de Vedia, que funciona en el turno noche en ese mismo edificio, ubicado en Juncal 3251.

En el escrito, las familias contestan que los sueldos del personal educativo constituyen desembolsos ordinarios que la administración pública debía afrontar de todos modos, existiera o no una protesta estudiantil. Por ende, la interrupción del dictado de clases no generó un gasto extraordinario ni un perjuicio patrimonial resarcible para la Ciudad.

Cita, en ese sentido, que el propio fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ya sentó jurisprudencia rechazando demandas similares en las que concluyeron que el pago de haberes es un gasto que el gobierno “hubiera tenido que afrontar independientemente” de la protesta.

A la vez, marcan la responsabilidad de la autoridad escolar. El fundamento legal de la demanda del gobierno de la ciudad contra las familias se basa en la responsabilidad sobre sus hijos, citando el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que los padres son solidariamente responsables por los daños que causen sus hijos si estos viven con ellos y están bajo su responsabilidad parental.

La demanda argumentan que cesa la responsabilidad “si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente”, según el artículo 1755. Invocan, también, el artículo 1767 que establece que durante el horario lectivo los alumnos se encuentran bajo el control y custodia del establecimiento educativo. Por lo que consideran que no resulta aplicable la figura de “culpa en la vigilancia” que el gobierno porteño pretende endilgarle ahora a los padres.

Sumado a eso, la presentación enmarca la toma dentro del ejercicio legítimo de derechos como la libertad de expresión, participar de su educación, la organización en centros de estudiantes, reunión y a la protesta pacífica.