“La Argentina enfrenta una triple crisis estructural: un sistema laboral que no logra generar empleo formal en el sector privado; un régimen previsional crecientemente deficitario e inequitativo; y una estructura tributaria compleja, ineficiente y regresiva, que desalienta la inversión y fragmenta la competitividad regional”, señaló el diputado Nacional, Oscar Agost Carreño, del Bloque Encuentro Federal, al presentar un proyecto para crear una Comisión Bicameral que estudie las futuras reformas laboral, previsional y fiscal, y una eventual modificación de la Ley de Coparticipación Federal. No tendrá suerte el legislador del Pro en la creación de esa Comisión, a pesar de describir con certeza una realidad que abarca el mundo laboral, previsional y fiscal porque el oficialismo, envalentonado con el triunfo electoral del domingo pasado y con una mayor cantidad de legisladores a partir del 10 de diciembre, no quiere esperar ni analizar tanto la situación, como lo hizo con la Ley Basesm quiere hacer la reforma laboral ya, ante todo, como sea.

Una reforma laboral es necesaria si se estudia la complejidad que varios especialistas señalan y no solo las urgencias y necesidades que el sector empresarial demanda, teniendo en cuenta, además, que no son las mismas para una multinacional que para una pyme. Allí está el peligro, en la ansiedad que le genera al gobierno la oportunidad política puede estar el error, hacerlo rápido y sin atender la profundidad que el tema demanda, puede estar la llave de otro fracaso. La urgencia no debe ser política, sino pura y exclusivamente sobre las necesidades que la situación reclama.

Miremos el problema: de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la informalidad laboral -puestos de trabajo que no cuentan con estabilidad, aportes jubilatorios, obra social o vacaciones pagas- alcanzó al 43,2% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025, con aumentos de 1,2 respecto al año pasado y 1,6 respecto a principios de este año, concretamente, casi mitad de los trabajadores son informales, por ende, también están mal remunerados. También, el informe mensual de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), que publicó el mes pasado, demuestra que existen 9.621.034 trabajadores registrados, si lo comparamos con diciembre 2023- cuando asumió el actual gobierno- donde la cantidad de trabajadores era 9.893.914, los números nos indican que desde ese momento se perdieron 272.880 empleos registrados en 18 meses lo que equivale a un promedio de pérdida sostenida de 15.160 puestos de trabajo mensuales. En el medio, se aprobaron algunas normas incluidas en la Ley Bases, que regularon leyes laborales, pero que claramente no mejoraron la situación, al contrario, los datos oficiales del Indec correspondientes al primer trimestre de 2025 desmienten de forma contundente el argumento de que solo por culpa de las leyes laborales no se genera empleo registrado. En ese período, la tasa de actividad subió del 51,2% al 51,8% - o sea, más personas buscaron trabajo- y a su vez, el empleo formal cayó del 45,7% al 44,4% y la desocupación aumentó del 6,1% al 7,9%. Hay más demanda laboral y menos puestos para cubrir, lo que claramente nos dice que el problema más importante para la generación de empleo es la actividad económica, no solo los derechos laborales. Con estos niveles de recesión y baja de consumo, tipo de cambio desfavorable para las exportaciones, es muy difícil que el sector privado, sobre todo las grandes generadoras de empleo como las pymes, puedan hacerlo solo por restringir derechos laborales garantizados. Ejemplo: el artículo 96 de la Ley N.º 27.742 -Ley Bases- aprobada en junio de 2024, estableció que “mediante el convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional”. Desde ese momento- promulgación Ley Bases- se perdieron casi 200.000 de los 272.880 empleos registrados. Ese dato es revelador.

Hoy sabemos que el gobierno insistirá con una reforma laboral que tiene algunos ejes claros: convenios por empresa, salarios “dinámicos” y la instauración del llamado “banco de horas”. Todas estas medidas apuntan no solo a la pérdida de derechos consagrados en la Constitución- algo que deberá sortear el oficialismo porque muchas de estas normas podrían judicializarse si prosperan, ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional protege la organización sindical libre, la negociación colectiva y condiciones dignas de labor. Pero las medidas tienen dos comunes denominadores, el primero es apuntalar el “individualismo”, con la pérdida del “poder colectivo”, y el segundo, el proyecto de reforma no solo busca flexibilizar las condiciones laborales, sino abaratar los costos atacando los ingresos salariales de los futuros trabajadores, no de los actuales aún protegidos por el régimen vigente. No se trata de denostar las “buenas” intenciones, pero es saludable llamar a las cosas por su nombre, ya que se trata de un cambio radical para el trabajador frente a sus derechos laborales. Párrafo aparte, no se puede enmarcar “la eliminación de la contribución solidaria sindical” como un derecho, ya que está planteada como una “imposición”.

Los “convenios por empresa” atomizarían la demanda y debilitarían las peticiones laborales. El punto llamado “salarios dinámicos” habilitaría la posibilidad de que el empleador pague parte del salario con “ticket canasta” o “bonos de compra”, lo que llevaría a que el empleador los pueda comprar a 9 y darles un valor de 10 en el pago salarial, teniendo un margen que se suma a que, a pesar de ser “parte” del salario, no aportaría como la correspondiente liquidación en pesos. Además de intervenir en la libertad de un trabajador de hacer lo que desee con su salario, porque el “ticket” obliga a canjearlo en determinados lugares por alimentos e insumos para obtener un valor sobre el mismo. Si bien en un contexto de extrema pobreza, como lo remarcó la Fundación Mediterránea al informar que la tasa de pobreza por estado ocupacional muestra que, aun teniendo empleo, el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza, algo que en términos absolutos, equivale a 4,5 millones de personas sobre un total de sobre un total de 21 millones de trabajadores, está claro que con esos indicadores seguramente el trabajador cambie esos “vales” o “tickets” por alimentos, pero no deja de ser una intromisión en una decisión personal.

Algo similar sucede con el llamado “banco de horas” que puede ser mal interpretado a interés del empleador porque habilitaría a las empresas a compensar las horas extras con francos, de esa manera excluirían al empleado al derecho al pago con recargo. La “contribución solidaria sindical” en cambio no afectaría a los ingresos del trabajador, esa es otra pelea.

Porqué es recomendable que el gobierno frene su ímpetu (bien ganado por el apoyo social conseguido el domingo último) y atienda todas las demandas para llevar adelante una verdadera “reforma laboral” moderna y práctica, que deje abierta la posibilidad a cambios permanentes, teniendo en cuenta el dinamismo del mercado laboral, hoy afectado a niveles desconocidos por el crecimiento de la IA y las nuevas tecnologías. De hecho, hace unos meses un informe del banco de inversión Goldman Sachs estimó que hasta 300 millones de puestos de trabajo, de tiempo completo, podrían ser sustituidos por sistemas de IA en todo el mundo en poco tiempo. No se puede aprobar una norma que regule el trabajo futuro sin tener en cuenta estos avances, al menos, dejar abiertas ventanas para poder actuar ágilmente a medida que vayamos conociendo sus alcances.

La reforma de los 90, llevada adelante por Carlos Menem, tenía casi las mismas intenciones que el proyecto libertario: flexibilizar las condiciones laborales y abaratar los salarios a través de la promoción de contratos temporales, la limitación del derecho a huelga y la precarización de los contratos, de hecho, el mismo estado nacional llenó de monotributistas la administración pública. Se impulsaron leyes como la Ley de Empleo (24.013) y la Ley Pymes (24.467), que fomentaron la flexibilidad, y se implementó un sistema de pasantías con protecciones sociales limitadas. Pero la recesión fue más fuerte, los remises, los “parripollos”, los locutorios y las rotiserías, como emprendimientos de profesionales y exempleados públicos, seducidos por los retiros voluntarios, que intentaban sobrevivir a la crisis económica, estaban a la orden del día. Casi todos fracasaron, porque la economía estaba estabilizada por la convertibilidad, pero no crecía, la actividad económica se caía a pedazos y la desocupación tocó un pico de 18,4% en 1996 y se mantuvo alta por cinco años más hasta que todo estalló en diciembre dl 2001.

Este sería un ejemplo claro que nos demuestra que una reforma laboral seguramente es necesaria, pero si tiene la sola intención de ser una “reforma salarial”, mucho más con una actividad económica estancada o en decrecimiento, está llamada al fracaso. Más temprano que tarde todos saldríamos perjudicados.