El fiscal general Diego Luciani disertó este miércoles en una reunión del Rotary Club de Buenos Aires y se refirió a las implicancias de la sentencia en la causa Vialidad. Durante su discurso, exigió el decomiso inmediato de los bienes de la expresidenta y destacó el rol del procurador Eduardo Casal en el proceso judicial.

Qué reclamó el fiscal sobre la sentencia

El eje central de la exposición de Luciani fue la necesidad de ejecutar la pena patrimonial. El fiscal exigió al Tribunal la aplicación inmediata del decomiso de los activos. Sostuvo que “no hay sentencias ejemplares si no se recupera lo que se robaron”. En su análisis, esta acción es la única forma de consolidar la finalidad preventiva de la pena y de enviar un mensaje claro a la sociedad y al sistema político.

Luciani afirmó que la impunidad finaliza cuando se restituye el dinero producto de la corrupción. Calificó a la “gran corrupción” como un atentado contra la democracia. Explicó que esta práctica priva de recursos a los sectores más vulnerables de la sociedad en áreas críticas como salud, infraestructura, educación y servicios básicos. El fiscal denunció que, desde hace 30 años, la Argentina sufre el ataque de gobernantes que se enriquecieron de manera “obscena” a costa del sacrificio ciudadano.

Las presiones durante el juicio

Luciani describió el desafío que implica juzgar al poder mientras este se encuentra en funciones. Calificó la tarea como un “trabajo titánico” que requiere un gran esfuerzo y pone a prueba la fortaleza mental de los funcionarios judiciales. El fiscal denunció que durante el gobierno anterior, tanto él como otros jueces y fiscales fueron sometidos a “todo tipo de operaciones y presiones impensadas en democracia” solo por cumplir con su trabajo.

Mencionó un episodio específico que consideró el más grave de todos. Relató que el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, dos días después de su alegato, dijo en un programa de televisión: “‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’”.

El homenaje al procurador Eduardo Casal

El almuerzo en el Rotary Club también funcionó como un homenaje al procurador Eduardo Casal, quien estaba presente entre los invitados. Luciani le agradeció en repetidas ocasiones el apoyo que le brindó a lo largo de todo el juicio contra Cristina Kirchner, lo que le permitió actuar con presunta independencia.

“Nosotros hicimos la tarea porque usted estuvo ahí para contener la presión política, porque querían el cargo del procurador”, manifestó el fiscal en referencia a Casal. Destacó que el actual procurador es el que más tiempo permaneció en el cargo en la historia del país. Luciani extendió su gratitud a su colega Sergio Mola y a Juan Manuel Olima, secretario de coordinación institucional y socio del Rotary Club, por el respaldo institucional y la tranquilidad interna que le proporcionaron.

Cómo funcionaba el sistema de corrupción según la acusación

El fiscal detalló el mecanismo ilícito que, según la sentencia, se implementó desde la cúpula del poder. Afirmó que la acusación demostró que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández instauraron un “auténtico sistema de corrupción institucional” en la provincia de Santa Cruz. Este sistema operaba en paralelo a sus funciones públicas y se basaba en la manipulación de la contratación de obra pública.

El resultado de esta operatoria fue la acumulación de una riqueza “obscena” por parte de Lázaro Báez, quien recibió protección e impunidad durante las gestiones kirchneristas. Como ejemplo, Luciani señaló que Báez, quien no poseía bienes en 2003, adquirió en doce años más de 420.000 hectáreas. Para dimensionar la cifra, explicó que esa superficie equivale a veinte ciudades de Buenos Aires.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Capiello.