La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones revocó la resolución que le impedía a Elías David Piccirillo, exmarido de la modelo y conductora de TV Jesica Cirio acceder a la prisión domiciliaria mientras sigue el proceso en el que está acusado de haber participado de una emboscada a un empresario al que le debía 6 millones de dólares, a quien le “plantó” una bolsa con cocaína y una pistola 9 milímetros para que un grupo de policías confabulados con él lo detuvieran en un falso operativo.

Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico decidieron, así, que Piccirillo acceda a la morigeración de la prisión preventiva que le dictó en abril pasado el juez federal Sebastián Casanello por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Según informaron a LA NACION allegados a la defensa, Piccirillo cumplirá la prisión domiciliaria con monitoreo con tobillera electrónica en una casa de la ciudad de Banfield, partido de Lomas de Zamora.

El abogado del ex de Cirio, Gastón Francone, había apelado ante la Cámara la resolución del 24 de octubre pasado con la que el juez Casanello había denegado la morigeración. Argumentó que, desde su encierro en una cárcel común, Piccirillo había desarrollado un “trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso“, una “patología psiquiátrica grave” que era “directamente atribuible al factor estresante único y abrumador de la privación de libertad en el contexto penitenciario” y se caracteriza por actitud de sumisión y derrota, ánimo marcadamente depresivo, afecto disfórico y lábil con llanto espontáneo, pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia, hipervigilancia e insomnio de conciliación grave”

La medida no se hará efectiva de forma inmediata, advirtieron fuentes judiciales. Ocurre que los camaristas tomaron nota de que cualquier “riesgo subsistente” de entorpecimiento de la causa que los investigadores judiciales juzguen remanentes “pueden ser neutralizados a través del arresto domiciliario −bajo un sistema de vigilancia electrónica", pero también mediante “la imposición de una caución de tipo real y el resto de las limitaciones alternativas” que Casanello y el fiscal Franco Picardo, a cargo de la acusación, “estimen pertinentes”.

A la hora de dictar el procesamiento, a principios de abril pasado, Casanello trabó un embargo de $100 millones sobre los bienes de Piccirillo. Ahora podría imponer como caución real una suma análoga o incluso superior, lo que requerirá el depósito judicial de ese monto o su equivalente en documentos, como podrían ser títulos de propiedad inmuebles o muebles, como casas o vehículos. De los plazos que demanden esas medidas dependerá la ejecución de la resolución que Casanello debe firmar ahora para cumplir con la decisión de la Sala II de la Cámara Federal.

Además, el juez podrá imponer medidas adicionales. Una de ellas, se presume, podría ser el seguimiento terapéutico psicológico “estrictamente recomendado” por la licenciada Paola Salinas, perito del Servicio Penitenciario Federal, que había confirmado “la afectación emocional y cognitiva derivada del encierro” del ex de Cirio.

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En el caso también están procesados con prisión preventiva el comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, quien hasta su detención era el jefe de la División Robos y Hurtos Zona Norte de la fuerza de seguridad porteña, y Carlos Smith, conocido por los apodos de El Lobo y Charly y que había sido parte de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta su exoneración.

Según la resolución, a la que tuvo acceso, LA NACION Piccirillo, Smith y Helguero estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal donde se le “plantó” cocaína y una pistola a un empresario con el que tendría una millonaria deuda que superaría los 6.500.000 de dólares.

En el denominado “operativo ilegal”, del que participaron oficiales que cumplían funciones en la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, ocurrido en las primeras horas del 18 de enero pasado, fueron detenidos Francisco Hauque y su pareja, Anahí Aquino Laprida, después de haber cenado en el Palacio Duhau, en Recoleta, con Piccirillo.

El personal de la fuerza de seguridad porteña secuestró 1,200 kilos de cocaína y una pistola nueve milímetros en el Audi A8 de Hauque.

En ese momento, los policías se comunicaron con el juzgado federal de turno para solicitar instrucciones. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de la pareja.

Según el expediente judicial, Hauque y su pareja dijeron en sus indagatorias que Piccirillo podría haberle “plantado” el arma y la cocaína para evadir la millonaria deuda.

La pareja estuvo presa tres semanas. El 10 de febrero pasado, la jueza Capuchetti, luego de una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, dictó el sobreseimiento de ambos y ordenó extraer testimonios para que se investiguen las circunstancias detrás del “operativo ilegal”.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°11, subrogado en ese momento por el juez federal Ramos, quien delegó la investigación en el fiscal federal Picardi.

“Se encuentra probado que Piccirillo, Smith y Helguero, estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal objeto de la presente , tanto en la gestación como en su desarrollo y culminación. En lo que respecta a la preparación del operativo, Piccirrillo contactó a Smith, con quien tenía una relación previa, para que utilizara sus “contactos” con policías con miras a materializar el procedimiento ilegal. Smith se contactó con Helguero, quien había sido compañero de promoción en la Policía Federal Argentina y se encontraba a cargo de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Helguero, aceptó la propuesta y puso a disposición del plan ilegal a distintos agentes policiales de la división a su cargo", sostuvo el juez Casanello en la citada resolución.

Además de Piccirillo, Smith y Helguero, seis oficiales de la Policía de la Ciudad que estaban bajo las órdenes de aquel último fueron procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad, incumplimiento de deberes y abuso funcional.

En el dictamen donde había solicitado los procesamientos de los sospechosos, el fiscal Picardi había sostenido que “el operativo ilegal desplegado por los funcionarios públicos de la citada división abarcó una organización y coordinación previa, así como la realización de tareas de inteligencia sin sustento legal”.

Según el representante del Ministerio Público “todo ello, tuvo como objetivo la privación ilegal de la libertad de Hauque y Aquino Laprida, quienes fueron retenidos y encarcelados bajo supuestos falsos con el fin de que Hauque no pueda exigirle el pago de una deuda de aproximadamente 6.000.000 de dólares que Piccirillo mantenía con él y tolerar de esta forma dicha situación”.

Para Picardi “existen suficientes indicios para sostener que Piccirillo fue quien encargó la realización de ese operativo ilegal, participó de la colocación de narcóticos y una pistola 9 milímetros robada en el vehículo y aportó toda la información necesaria -previamente e in situ- para que se materialice el procedimiento en cuestión”.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el objetivo era privar de la libertad a los damnificados para que Hauque no pudiera “perjudicar o dañar su imagen pública y/o sus negocios así como, tampoco, exigirle el pago de una deuda que mantenía con él”.