La causa que investiga al clan L’Abbate por una presunta asociación ilícita y una serie de estafas inmobiliarias ya tiene más de 700 damnificados y un nuevo capítulo que podría modificar el escenario antes del comienzo del juicio oral: un grupo inversor ofreció poner $2.000 millones a disposición de las víctimas a cambio de que cesen sus reclamos contra los acusados.

La propuesta fue presentada a través del defensor oficial de Vito y Emmanuel L’Abbate, dos de los principales acusados en el expediente. El planteo será analizado en una audiencia prevista para el próximo 25 de septiembre, cuando las partes también abordarán la apertura a prueba, una de las siguientes etapas del proceso, según reveló el diario Clarín.

El ofrecimiento contempla un anticipo para quienes acepten el acuerdo, mientras que el resto del dinero quedaría sujeto a la rescisión de los derechos y al retiro de los reclamos civiles, comerciales y penales. Además, esa decisión debería ser aceptada por el tribunal.

Para los damnificados, el monto ofrecido está muy lejos del dinero que aseguran haber perdido y de los gastos que debieron afrontar durante los últimos años para intentar recuperar sus inversiones. La cuenta que realizan es sencilla: si los $2.000 millones se distribuyeran entre unos 707 damnificados, cada uno recibiría, en promedio, una suma equivalente a unos US$1.800.

“Una vergüenza lo que están ofreciendo”, resumió una de las damnificadas consultadas sobre la propuesta, en diálogo con Clarín.

La causa fue elevada a juicio en febrero y, mientras avanza hacia esa instancia, el número de personas que denuncian haber sido perjudicadas continúa creciendo. En febrero se hablaba de unos 500 damnificados y de un perjuicio estimado en alrededor de US$40 millones. Ahora, según surge de la información incorporada al expediente, la cantidad supera las 700 personas.

La investigación comenzó a partir de los reclamos de personas que habían invertido en desarrollos inmobiliarios con la expectativa de acceder a una vivienda o realizar una inversión. Con el paso del tiempo, muchos de ellos descubrieron que las propiedades adquiridas no habían sido terminadas, que en algunos casos sólo existían estructuras incompletas o terrenos sin construir y que incluso había unidades que presentaban conflictos de titularidad.

La pesquisa puso bajo la lupa a la familia L’Abbate y a distintas sociedades vinculadas con sus integrantes, entre ellas Iwin e Iglass. Para los investigadores, esas estructuras habrían formado parte de una organización destinada a captar dinero de inversores mediante operaciones inmobiliarias que luego no se concretaban en las condiciones prometidas.

Por el expediente fueron detenidos Vito, Emmanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate, además del excolaborador Patricio Flores.

Según consta en el dictamen al que tuvo acceso LA NACION se les imputa “en su carácter de representantes legales y/o apoderados y/o integrantes de las empresas Induplack Fiduciaria SA, Induplack SA, Icons Tech SA y Urdaneta Gas SA -como desarrolladores inmobiliario- y de las empresas vinculadas, Iwin Aberturas SA, Iwin SA, Integral Home SA. y/o en el rol de fiduciantes fundadores de los fideicomisos y/o como integrantes del fondo común de inversión, haber integrado, organizado y/o tomado parte, según el caso, en una asociación o estructura criminal signada con el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo, desde el año 2012 hasta abril de 2025, momento en que se concretó su detención”.

Para la fiscal Mónica Cuñarro, que intervino la instrucción de la causa, el modus operandi combinó preventas −a valores muy convenientes e incluso con cuotas en pesos−, promesas de escrituración y un andamiaje de sociedades y contratos superpuestos para seguir cobrando aun cuando las obras estuvieran paralizadas o los inmuebles ya hubiesen sido adjudicados a terceros, incluso más de una vez. “En concreto, la banda planificó y ejecutó estafas mediante una logística societaria y empresarial sofisticada”, rubricó.

Pero la investigación no quedó limitada a ese grupo. En los últimos meses se incorporaron tres nuevos imputados: los escribanos Luis María Canosa Montero y Soledad Lupardo, quienes ya prestaron declaración, y Carolina Valeria Carnevale, exesposa de Emmanuel L’Abbate.

Los tres fueron imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. La fiscalía, además, solicitó el procesamiento de los dos escribanos.

Carolina Carnevale todavía no declaró. Según la imputación, habría tenido una participación en la organización durante el período comprendido entre 2021 y 2024 y habría funcionado como presunta prestanombre de la estructura que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían encabezado Emmanuel Andrés L’Abbate y Vito Antonio L’Abbate.

La acusación sostiene que Carnevale habría prestado su nombre para constituir y administrar sociedades comerciales que, según los investigadores, podrían haber sido utilizadas para generar confusión patrimonial, eludir embargos y justificar el ingreso de fondos considerados de origen ilícito.

En ese esquema, la mujer habría figurado como presidenta de ocho empresas: Cotifun S.A., Magic Party S.A., Vision Home S.A., Premium Home S.A., CE Import S.A., Full Home S.A., Beauty Glam S.A. y Siberian Import S.A.

Para los investigadores, esas sociedades habrían permitido que Emmanuel L’Abbate quedara oculto detrás de distintas estructuras empresariales.

La incorporación de Carnevale abrió, además, una nueva línea de investigación sobre el recorrido del dinero y el papel que tuvieron las distintas sociedades vinculadas al grupo.

Uno de los objetivos centrales de la pesquisa fue determinar qué ocurrió con los fondos aportados por los inversores y cuáles fueron los circuitos utilizados para transferirlos o incorporarlos a diferentes sociedades.

En ese contexto, los damnificados también sigueron de cerca la situación de una serie de bienes vinculados con la sociedad Iwin. Según explicaron, la fiscalía había solicitado el embargo de activos por unos US$800.000 que, de acuerdo con la hipótesis de los denunciantes, podrían estar relacionados con dinero aportado por las personas afectadas.

Esos bienes representan para los damnificados una eventual vía para recuperar, al menos parcialmente, el dinero perdido.

La propuesta de los $2.000 millones aparece ahora como una alternativa para intentar cerrar parte de los reclamos antes de que comience el juicio. Sin embargo, el mecanismo planteado exige que quienes acepten retiren sus reclamos y renuncien a continuar con las acciones correspondientes.

La audiencia del 25 de septiembre será, por eso, una instancia clave. Allí las cabezas de querella deberán analizar las condiciones de la oferta mientras la Justicia avanza hacia la apertura a prueba.