Antes de que entrara en vigor la norma de carga pública, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una demanda judicial contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impugnar la medida. Al anunciar la acción, respondió preguntas del público y sostuvo que dialoga con el gobierno federal continuamente sobre las políticas de inmigración.

El mensaje de Mamdani contra la carga pública y su diálogo con Trump

En el marco del anuncio del litigio judicial, Mamdani expresó su postura en contra de la norma de carga pública que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a aplicar el 18 de septiembre.

“Hoy nos reunimos aquí convencidos de que Nueva York es la mejor ciudad del mundo, en gran parte gracias a los inmigrantes que la construyeron. Los inmigrantes sentaron las bases de nuestros puentes y erigieron torres que se elevan hacia el cielo”, dijo Mamdani en primer lugar.

Citado en un comunicado de prensa, el alcalde de Nueva York sostuvo que “los inmigrantes son neoyorquinos”, y luego cuestionó las políticas migratorias de la administración Trump. “El gobierno federal emprendió una campaña de violencia y terror. Los menores no acompañados se vieron obligados a desenvolverse solos en nuestro sistema judicial. El ICE irrumpió en los hogares, lugares de trabajo y escuelas de nuestros vecinos”, señaló.

Posteriormente, fue consultado por el público sobre si habló con el presidente sobre la norma de carga pública. “El presidente y yo mantenemos un diálogo constante sobre la política migratoria. Ambos hemos dejado muy claro que tenemos profundas discrepancias en este tema, ya sea en lo que respecta a las redadas del ICE, las protecciones del TPS o la carga pública”, manifestó.

En esa línea, remarcó que el desacuerdo persiste. “Mi argumento es que esta norma perjudicará a esta ciudad. Todos estamos unidos en nuestro compromiso de protegerla, y haremos todo lo posible, hablaremos con quien podamos, para garantizar la protección de los neoyorquinos”, completó.

En qué consiste la regla de carga pública del gobierno de Trump

La nueva disposición emitida por el DHS establece cómo los oficiales del Uscis deberán analizar la posibilidad de que una persona que solicita el ajuste de estatus se convierta, en algún momento, en una carga pública.

La guía del Uscis establece que el nuevo criterio se aplica a los formularios I-485 sujetos a la causal de carga pública que hayan sido presentados electrónica o postalmente desde el 18 de septiembre de 2026.

La normativa se encuadra bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad que, según la guía de la agencia, establece cinco factores que los oficiales deben considerar al determinar si una persona podría convertirse en una carga pública:

EdadSaludSituación familiarBienes, recursos y situación financieraEducación y habilidades

Además, para los beneficios recibidos desde el 18 de septiembre, el Uscis puede considerar a cualquiera de carácter público sujeto a prueba de recursos dentro del análisis de la situación general del solicitante.

La guía menciona, entre otros, asistencia en efectivo, vivienda pública o subsidiada, ayuda alimentaria, cobertura de salud financiada por el gobierno.

Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se analizan bajo el criterio anterior. En esos casos, en general, solo se consideran determinadas ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno federal.

Litigio judicial: la demanda presentada por Mamdani contra la regla de carga pública

El 14 de septiembre, cuatro días antes de que la norma entrara en vigor, la administración Mamdani presentó una demanda junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y King County, Washington. Al 30 de septiembre, el litigio sigue abierto y todavía no obtuvo una orden judicial que suspenda la nueva regla.

La causa, establecida bajo el nombre City of New York et al. v. United States Department of Homeland Security et al., No. 1:26-cv-07982, fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Según el expediente, tiene una conferencia inicial fijada para el 9 de octubre.

En síntesis, la ciudad sostiene que el DHS excedió su autoridad al ampliar de manera considerable qué beneficios públicos pueden tenerse en cuenta al determinar si una persona puede ser considerada como carga pública.

La demanda sostiene que la nueva interpretación se aparta del significado histórico del concepto y que la agencia actuó de manera contraria a la Administrative Procedure Act (APA).