Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detienen cada día a miles de personas que ingresan a ese país desde México de forma irregular, pero la nueva ley SB4 de Texas, promulgada por el gobernador Greg Abbott, podría obligar a que los agentes del Departamento de Seguridad Pública del estado se sumen a estas labores que hasta ahora están reservadas para las autoridades federales.

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Al respecto, el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, está muy preocupado por la capacidad de respuesta que puedan tener los oficiales a su cargo, ya que, asegura, su comunidad fronteriza no tiene el personal para hacer cumplir la SB4. “Se ha quitado mano de obra para la seguridad que se supone que debemos hacer aquí en el condado”, dijo Schmerber a CBS News sobre la crisis migratoria.

“No queremos hacerlo. Y va a ser imposible”, reiteró el encargado de la seguridad en el área que incluye la ciudad de Eagle Pass, fronteriza con el estado mexicano de Coahuila, donde se instalaron las controversiales boyas para armar un muro flotante y disuadir a los inmigrantes.

Si la ley entra en vigor en marzo de 2024, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, e incluso los ayudantes del sheriff, podrían arrestar a inmigrantes por cruzar ilegalmente la frontera porque la ley SB4, eleva a delito estatal ingresar a EE.UU. sin documentos. De esta manera, según el gobernador republicano Abbott, cumplirán con el objetivo de “detener la ola de entradas ilegales”.

Con la nueva legislación texana, los oficiales y las agencias estatales tendrían la autorización de transportar a los migrantes a los puertos de entrada para asegurarse de que sean devueltos a EE.UU. Además, el cargo de delito menor podría convertirse en un delito grave si el migrante recibe acusaciones de otros crímenes o si se niega a volver a México, de tal forma podría ser condenado de dos a 20 años de prisión.

La preocupación del sheriff Tom Schmerber sobre la aplicación de la SB4 en Texas se suma a una ola de reacciones de líderes de movimientos sociales y políticos, que incluye al sindicato de policías de Houston, que fijó su postura en medio de la controversia a través de su director Ray Hunt, quien aseguró que sus oficiales no actuarán como agentes migratorios y subrayó la importancia de salvaguardar la confianza de la comunidad.

“Si un inmigrante se ve involucrado en un incidente racial, debe denunciarlo para que se investigue al agente”, refirió el líder sindical en declaraciones para Univision, en relación con la posibilidad de que los uniformados detengan a personas al azar con criterios poco claros.

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Asimismo, la jueza Lina Hidalgo, del condado de Harris, anticipó que los lineamientos de la nueva ley romperían los lazos entre la comunidad y las agencias del orden y “amenazarán la seguridad pública”; mientras que KP George, juez del condado de Fort Bend, calificó la ley como “inhumana”.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra el estado de Texas en un esfuerzo por bloquear la SB4, donde argumenta que la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal, no del estado. La demanda alega que el estado está “apoderándose del control sobre la inmigración del gobierno federal y privando a las personas sujetas a ese sistema de todos los derechos federales y el debido proceso que el Congreso les proporcionó, incluidos los derechos a impugnar la expulsión y buscar asilo”.