Mensaje a los gobernadores: cada vez que le preguntan últimamente por la obra pública, Diego Santilli, flamante ministro del Interior, contesta que el presupuesto 2026 contempla un 40% más de fondos que este año, pero que gran parte de la infraestructura dependerá en adelante del sector privado. Viene una discusión ardua, el lado B de las sonrisas del encuentro del jueves pasado en la Casa Rosada: el Gobierno pretende apoyo para aprobar las reformas laboral, tributaria y penal y la mayoría de las provincias están dispuestas, pero no sin antes reasignar recursos. ¿Y el equilibrio fiscal? Será el concepto más remanido y tironeado de la negociación.

Javier Milei salió fortalecido de la elección del 26 de octubre. Y casi todos los gobernadores, con alguna excepción, debilitados. Pero hay viejos reclamos que indudablemente aparecerán en el transcurso de estas conversaciones: algunos sienten que parte del superávit fiscal de la Nación, un logro con pocos precedentes, se construyó sobre el esfuerzo de las provincias. Es lo que Axel Kicillof, el menos dispuesto a negociar, le dice al Presidente en su carta del sábado pasado.

Varias cuestiones volverán a estar sobre la mesa. Principalmente, aquellas que no podrían quedar en promesas porque tienen sustento legal, como el envío de fondos previsionales a las 13 provincias que no transfirieron en los 90 sus cajas jubilatorias a la Anses y que, por un acuerdo especificado en la ley 27.260, del gobierno de Mauricio Macri, reciben una compensación para pagar los haberes de sus respectivos jubilados. Son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que reclaman una cifra astronómica y que, si se cumpliera, más que duplicaría el ahorro de todas para hacer obras sin depender de Milei.

Un trabajo del Ieral elaborado sobre la base de datos del Ministerio de Economía y la Anses dice que sólo ese flujo anual, sin contar el stock de la deuda que se acumuló, supera los 2,2 billones de pesos. Es un 0,2% del PBI. Es decir, el equivalente a lo que el Estado nacional deja de ganar, por ejemplo, por el régimen de Tierra del Fuego, que el presupuesto 2026 prevé en 0,18% del PBI. ¿Podría Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, cuya obligación previsional llega al 26% de todo su gasto según el mismo informe, plantear esa revisión del gasto tributario? Igual que varias provincias, Entre Ríos fue a la Corte por el tema y tiene audiencia para el 12 de este mes. Sergio Ziliotto, de La Pampa, uno de los peronistas presentes en la reunión del jueves y cuyo gasto previsional llega al 15%, está en una situación similar. La Pampa fue citada para el miércoles.

El Gobierno no niega esa obligación, pero dice desde hace tiempo que hay que auditar el monto. No cree en la cifra de 2,2 billones y lo que incluyó por ese concepto en el presupuesto no llega al 5%. Ha llegado con algunas provincias, como Córdoba o Entre Ríos, a acuerdos que le permiten ir cumpliendo de a poco con pagos mensuales a cuenta de una resolución de fondo. Pero es probable que, si accede a incluir el tema en la negociación con los gobernadores, les reclame a cambio a estas 13 provincias un ajuste. El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que maneja la Anses para las otras 11, tiene en realidad muy poco de “integrado”. El haber mínimo jubilatorio de Córdoba, por ejemplo, quedó este mes en 700.000 pesos, más del doble que el que paga la Anses en el resto del país, $ 333.085 sin el bono.

Los gobernadores preferirán sin dudas negociar sobre esos fondos incumplidos antes que promesas de obras públicas que pueden formar parte de un presupuesto y después incumplirse. Hay, con todo, según un trabajo de la consultora BLapp, del politólogo Esteban Bicarelli, al menos 75 proyectos de infraestructura que le reclaman al Gobierno.

En su carta del sábado, Kicillof habla de 1000 pendientes, a los que les agrega retraso en el Fondo de Incentivo Docente y en el Fondo Compensador de Jubilados y otras 16.000 viviendas.

El gobernador bonaerense, uno de los cuatro que no fue invitado a la Casa Rosada junto con Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), parece en realidad resignado a quedar en el lote de quienes no aportarán votos para las reformas. Es distinta la situación del mendocino Alfredo Cornejo, de cuya provincia volvieron a surgir argumentos que probablemente estén en la discusión que encabezará Santilli. El más fuerte: ¿qué pasaría si se coparticipa parte del presupuesto de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)? Son 3,8 billones de pesos contemplados en el Presupuesto 2026. Si la ARCA fuera una provincia, dicen quienes siguen los números en el interior, sería la tercera o la cuarta en presupuesto del país. ¿Tiene sentido tener tantos inspectores en la era digital?, se atreven a plantear.

Otra de las alternativas que seguramente vuelva a escena será la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estaba en una ley que ambas cámaras sancionaron este año y que Milei vetó en septiembre. El Senado logró revertir el veto y falta que lo trate la Cámara de Diputados. Es un 0,05% del PBI, exactamente lo mismo que, por ejemplo, lo que el Estado deja de percibir por los incentivos a la economía del conocimiento, que incluye a las empresas más innovadoras. MercadoLibre, Globant, Accenture. ¿Podría algún gobernador, la mayoría de los cuales está de acuerdo con la reforma laboral, plantear que esos recursos sean destinados a reducir las cargas patronales de las pymes? ¿Aprovechará el kirchnerismo para confrontar con Marcos Galperin?

Tampoco debería sorprender que reapareciera la discusión por la coparticipación automática del impuesto a los combustibles líquidos, que no llegó este año a convertirse en ley, calculado ahora en 0,18% del PBI. “Fue un error querer sacarlo a los empujones aprovechando la debilidad preelectoral del Gobierno”, aceptó un legislador de la oposición.

Lo que viene es más un trabajo de consenso. El Gobierno ya planteó que no negociará el equilibrio fiscal. El proyecto de presupuesto, que probablemente se trate en sesiones extraordinarias, propone un superávit financiero del 0,3% del PBI. Y una inflación del 10,1% que algunos analistas juzgan un exceso de optimismo. Si fuera más alta, el Palacio de Hacienda podría entonces recaudar más pesos y cumplir con varias de estas demandas. Ventaja módica y silenciosa: paga el consumidor.