Con énfasis, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro a cargo de la acusación pública, solicitó la suspensión por diez días del juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona.

“Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de diez días para resolver sobre un tema que aparece trayendo aparejada la gravedad institucional”, sostuvo Ferrari al fundamentar la solicitud ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

“La gravedad institucional” a la que hizo el representante del Ministerio Público Fiscal es un expediente judicial que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de San Isidro donde se investiga el supuesto vínculo entre una de las juezas que interviene en el juicio, Julieta Makintach, con la producción de un documental sobre el debate.

La investigación, a cargo de las fiscales Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició tras una denuncia de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradonay de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol.

En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública,vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal".

Makintach integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para la realización del juicio porque solo tiene dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.