La ciudad de Portland, en Oregon, reafirmó su compromiso con las comunidades inmigrantes y con la defensa de su autonomía frente al gobierno federal tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que autorizó por mayoría de dos a uno el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por la administración Donald Trump. La alcaldía anunció que apelará esta decisión y se prepara para llevar el caso ante el pleno del tribunal, en lo que considera una defensa esencial de su estatus como ciudad santuario y de los derechos civiles de sus habitantes.

La reacción de Oregon tras la habilitación a Trump para desplegar la Guardia Nacional en Portland

La resolución judicial del 20 de octubre generó una reacción inmediata por parte de las principales autoridades del estado de Oregon. La gobernadora Tina Kotek, el fiscal general Dan Rayfield y el alcalde de Portland, Keith Wilson, emitieron un comunicado conjunto en el que coincidieron en calificar la intervención militar como “innecesaria” y “no deseada”.

Kotek enfatizó que “Oregon sigue unido en la lucha contra esta intervención militar indeseada e injustificada”. La mandataria demócrata sostuvo que los residentes del estado manifestaron su rechazo en las calles “de manera pacífica” y acusó a la administración Trump de “abuso de poder” por intentar imponer tropas sin una misión clara ni justificación.

En esa misma línea, señaló que los soldados fueron “arrancados de sus familias y trabajos durante semanas”, al tiempo que exigió que la Casa Blanca explicara públicamente qué tareas se espera que cumplan en el territorio.

En el mismo comunicado, el fiscal general Rayfield advirtió sobre las consecuencias de permitir que el fallo siga en pie: “Si esta decisión se mantiene, otorgaría al presidente un poder unilateral para colocar soldados de Oregon en nuestras calles con escasa o nula justificación. Es un camino peligroso para el país”. Además, pidió que el tribunal actúe “rápidamente” para anular la medida antes de que se produzca un “despliegue ilegal de tropas bajo falsos pretextos”.

Por su parte, el alcalde Wilson enfatizó: “Nuestra ciudad representa la democracia, la dignidad y el derecho a protestar pacíficamente”. El funcionario criticó el accionar del gobierno federal al intentar “eludir la autoridad local” y aseguró que el equipo legal del municipio, en conjunto con el Departamento de Justicia de Oregon, “utilizará todas las herramientas legales disponibles” para impedir ese exceso de poder.

Apelación y defensa judicial: el anuncio de Portland tras el fallo que beneficia a Trump

La cuenta oficial del gobierno de Portland en X (antes Twitter) confirmó que la ciudad apelará la decisión ante el pleno del Noveno Circuito de Apelaciones.

La medida se enmarca dentro de la política más amplia del gobierno local de reforzar su identidad como ciudad santuario.

Portland, uno de los bastiones de las ciudades santuario

El 15 de octubre, apenas cinco días antes del fallo judicial, el Concejo Municipal de Portland ratificó de manera unánime una ordenanza que oficializó su estatus como ciudad santuario. La norma, denominada Protect Portland Initiative, prohíbe que los empleados municipales colaboren con agencias federales en tareas de control migratorio y evita que los recursos públicos se utilicen con ese fin.

La ordenanza también establece políticas y capacitaciones específicas para orientar cómo deben actuar los trabajadores del municipio ante la presencia de agentes de inmigración, además de requerir que se coloquen carteles en los edificios públicos para diferenciar espacios privados de los de acceso público.

El texto, además, obliga al Buró de Policía de Portland a reportar cualquier excepción o infracción a la prohibición de cooperar con acciones federales de inmigración.

Por qué el gobierno de Portland defiende su modelo de santuario

La ciudad fundamenta su postura en un principio de convivencia y seguridad pública. Según los datos citados por el gobierno local, los inmigrantes son una parte esencial del tejido económico de Portland: representan el 15% de la fuerza laboral, el 19% de los emprendedores y aportan alrededor de US$12.400 millones anuales, de los cuales US$5000 millones corresponden a impuestos.

Las autoridades sostienen que las políticas de santuario no protegen a delincuentes, sino que mejoran la seguridad al reducir el miedo en las comunidades inmigrantes.

La administración de Wilson cita además un estudio del National Institute of Justice de 2022, según el cual los inmigrantes indocumentados son significativamente menos propensos a cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país norteamericano.