La inversión pública no es solamente una herramienta de gestión: es una decisión estratégica que define la capacidad de una sociedad para crecer, desarrollarse y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

En ese proceso, el acceso al financiamiento a través del mercado de capitales se convierte en un instrumento central para acelerar obras, e invertir en infraestructura y servicios que transforman realidades.

Porque cuentas públicas ordenadas, disciplina fiscal y una sólida reputación crediticia no constituyen únicamente indicadores económicos: son la condición indispensable para acceder a financiamiento sostenible y de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión.

Eso se pudo apreciar el pasado miércoles 6 de mayo, cuando la Ciudad de Buenos Aires licitó deuda en los mercados internacionales. La respuesta de los inversores superó cualquier expectativa: se solicitaron USD 500 millones y se recibieron ofertas por más de USD 3.000 millones.

Este ratio de cobertura multiplicado por 6 no es un dato financiero menor; se trata de un contundente aval a una gestión que demostró previsibilidad y sostenibilidad de sus cuentas públicas. Es sabido que los mercados operan con memoria institucional: incorporan el historial de cumplimiento en sus modelos de asignación de activos y premian la gobernabilidad, disminuyendo la prima de riesgo.

La reputación crediticia no es un activo que se construye de un día para otro ni se improvisa con un buen prospecto. Se trata de un activo estratégico que exige disciplina intertemporal y que se construye honrando compromisos y sosteniendo el equilibrio de las cuentas públicas, incluso frente a shocks externos severos.

La singularidad de esta colocación realizada por la administración que encabeza Jorge Macri radica en que la Ciudad obtuvo la tasa de interés más baja de su historia crediticia. Y no es casualidad. La Ciudad nunca defaulteó en toda su historia. Ni en 2001, cuando el país caía en el mayor incumplimiento soberano del que se tenga registro, ni tampoco durante la pandemia, cuando la economía global se paralizó y casi todas las provincias argentinas reestructuraron sus deudas.

De la reputación crediticia a la economía real

Pero esta historia no es sólo financiera. La posibilidad de acceder al crédito en condiciones razonables es la condición necesaria para que los proyectos de inversión existan y se transformen en una realidad que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Un proyecto de infraestructura que requiere financiamiento no puede materializarse si las tasas lo hacen inviable o si el mercado directamente no está disponible.

Durante los años de exclusión del mercado internacional, las restricciones obligaron a la Ciudad a hacer frente al pago de deuda con recursos propios, en lugar de canalizarlos, por ejemplo, al desarrollo de inversiones en materia de obra pública. El círculo vicioso de la deuda cara es la trampa del subdesarrollo. Es justamente el costo de no crecer.

Queda claro que el apalancamiento no es un lujo: es lo que permite que un proyecto encuentre viabilidad en lugar de ser descartado por falta de capital. Cuando el crédito se encarece o desaparece, no sólo se postergan inversiones, también se cancela el crecimiento potencial.

El riesgo Argentina y el círculo virtuoso

Desde hace décadas, Argentina presenta una elevada volatilidad histórica en su perfil de deuda, caracterizada por incumplimientos reiterados, populismos financieros, reestructuraciones recurrentes y perfiles insostenibles. Este factor genera externalidades negativas sobre todos los emisores locales. Y si bien el impacto del riesgo país puede mitigarse mediante una correcta política de sostenibilidad fiscal a nivel provincial, el componente de la macroeconomía nacional no se elimina por completo.

Bajo este marco, el proceso de consolidación fiscal e institucional iniciado en el país en 2024 resulta significativo. La estabilización macroeconómica, el cumplimiento en el pago de la deuda y el descenso del riesgo país no son logros abstractos: se traducen en acceso al crédito. Y así el modelo se retroalimenta de forma virtuosa: un menor costo de capital estimula la inversión, la mayor inversión expande el nivel de actividad y mejora la recaudación, optimizando la capacidad de repago y reforzando la solvencia del emisor para futuras colocaciones en condiciones aún más competitivas.

En síntesis, debe quedar en claro que defaultear nunca es gratis. Se trata de un fracaso político con consecuencias sociales graves. Su costo de oportunidad más elevado no se agota en las penalizaciones legales, sino en el crecimiento que no ocurre cuando el mercado cierra las puertas.

Por culpa de políticas económicas populistas e ideologizadas, la Ciudad de Buenos Aires requirió casi de una década para restablecer sus canales financieros externos. En ese sentido, la magnitud de la demanda registrada en esta última licitación y el éxito alcanzado en la emisión -con una tasa de 7,375 y un cupón de 7,05, los registros más bajos en la historia de la Ciudad- demuestran que la restricción crediticia se ha disipado, dejando en claro que el único camino hacia el desarrollo es la defensa irrestricta de la sostenibilidad fiscal. Y también que, definitivamente, no debemos volver atrás.

(*) El autor es ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.