Tras una orden de la Justicia federal, el Gobierno restituyó hoy las pensiones por incapacidad laboral que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) había pausado luego de la puesta en marcha de una auditoría. Las prestaciones suspendidas fueron más de 110.000, de acuerdo a lo informado por la Jefatura de Gabinete en su rendición de agosto.

La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, fue en respuesta a la cautelar dictada por el titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, que el viernes pasado ordenó restablecer todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas por el Gobierno y reactivar los pagos retenidos hasta la fecha.

“Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa “defensor del pueblo y otro c/ Andis s/accion de amparo ley 16986 c/cautelar”, dice uno de sus artículos de la resolución oficial, que ordena a la Anses reactivar los pagos.

En su fallo del viernes, el juez Díaz Martínez ordenó también el cese de las auditorías -basadas en el Decreto 843/2024-, y prohibió disponer de nuevas suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva, además de validar a las asociaciones que impulsaron la acción colectiva como genuinos representantes del grupo afectado.

La medida del Gobierno lleva la firma del interventor de la Agencia Andis, Alejandro Alberto Vilches, quien tomó las riendas del organismo tras la salida de Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios en donde se señalaba la existencia de un supuesto mecanismo de coimas en la agencia de discapacidad, un entramado que involucraría a Karina Milei y que hoy está siendo investigado en la Justicia de Comodoro Py.

La restitución de las pensiones coincidió con nuevas movilizaciones y protestas para que el Gobierno aplique la ley de emergencia en discapacidad (Ley 27.793), que fue aprobada en el Congreso, pero cuya ejecución el Gobierno suspendió.

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La ley estableció un paquete amplio de disposiciones. Entre los ejes centrales figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social; la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores; la compensación de emergencia financiada por el Tesoro; la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.