Las bicicletas son las únicas que todavía se animan a cruzar la esquina de Sarmiento y Jean Jaures. Lo hacen despacio, esquivando las vallas metálicas y las cintas de peligro que desde hace semanas reemplazaron al tránsito habitual. Los autos ya no pasan. Los peatones llegan hasta el perímetro, levantan la vista hacia la fachada agrietada y siguen camino. Detrás del vallado, un edificio sostenido por apuntalamientos de madera mantiene en vilo a vecinos, comerciantes y autoridades ante el riesgo de derrumbe.

Basta con acercarse unos metros para entender el motivo del operativo en este rincón del barrio de Balvanera. La fachada conserva detalles de otra época, pero el deterioro aparece antes que cualquier rasgo arquitectónico. Sobre las paredes, el revoque desprendido deja los ladrillos al descubierto. Las cintas de peligro rodean toda la ochava y las grietas recorren la mampostería hasta llegar a los pisos superiores, donde una rajadura atraviesa la fachada y evidencia que el problema no se limita a la planta baja. A pocos metros, las barreras metálicas impiden el paso tanto por Jean Jaures como por Sarmiento.

El perímetro es vigilado de manera permanente por Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, Policía de la Ciudad y agentes de tránsito. Incluso quienes viven o trabajan en la zona deben modificar sus recorridos para llegar a destino.

El despliegue tiene un único objetivo: evitar que alguien resulte herido si la estructura cede. El riesgo no solo alcanza al edificio ubicado en Sarmiento 3107, sino también a la propiedad lindera de Jean Jaures 306, que fue clausurada preventivamente luego de que las inspecciones detectaran un agravamiento del deterioro estructural.

Sin embargo, la historia no comenzó ahora. El jueves 22 de enero, cerca del mediodía, la Policía de la Ciudad encabezó el desalojo del inmueble de la esquina, luego de que los informes técnicos concluyeran que existía riesgo de derrumbe. En el operativo fueron retiradas al menos cinco personas que permanecían dentro del inmueble. La construcción, de dos pisos, con un local comercial en planta baja y una terraza, presentaba importantes daños. Mientras que en el segundo piso y en la terraza no había ocupantes, las autoridades también detectaron afectaciones en el edificio lindero, aunque en ese momento todavía no se había dispuesto su desocupación.

Según la información oficial, existía una orden previa de desalojo que no había sido cumplida. Frente al agravamiento del estado de la estructura, el gobierno porteño decidió intervenir con personal de Espacio Público y Desarrollo Humano para retirar a los ocupantes y tapiar los accesos con el objetivo de impedir nuevos ingresos y reducir el riesgo para quienes circulaban por la zona.

Con el correr de los meses, el deterioro comenzó a comprometer también a la propiedad de Jean Jaures 306. Esa conclusión quedó plasmada en la disposición N° 120/26 de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, publicada en el Boletín Oficial de la ciudad, que ratificó la clausura preventiva del inmueble por riesgo estructural.

De acuerdo con el informe técnico, las fallas detectadas estaban directamente relacionadas con la medianera compartida con el edificio de Sarmiento 3107, desalojado en enero. Los especialistas constataron el desplazamiento de un muro portante en la planta baja del inmueble, una situación que incrementó el riesgo de un eventual colapso. Además, intimaron a los propietarios a presentar un plan de obras y ejecutar, bajo la supervisión de un profesional matriculado, los trabajos necesarios para restablecer las condiciones de seguridad.

Durante una recorrida realizada por LA NACION, la presencia de Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil y agentes de tránsito era constante para impedir el paso de vehículos y peatones por el sector de mayor riesgo.

Para Gloria Llopiz Ortiz, periodista, activista y presidenta de la ONG Buenos Vecinos BA, la situación actual es la consecuencia de un deterioro que en el barrio vienen observando desde hace tiempo. “De un día para otro colocaron estructuras de apuntalamiento sobre la vereda, lo que dejó en evidencia que el edificio presentaba serios problemas estructurales”, relató.

Según explicó, en aquel momento todavía no existía un vallado tan amplio como el actual, aunque la circulación por la ochava ya estaba restringida por cuestiones de seguridad. “Además comenzaron a hacerse visibles importantes grietas. Si bien entendíamos que existía un problema, nunca imaginamos que el nivel de deterioro fuera tan grave”, sostuvo.

Para Llopiz Ortiz, el caso expone una problemática más amplia en la Comuna 3. “Balvanera y San Cristóbal tienen muchos edificios en estado deficiente. Lo vemos en la mayoría de las construcciones que fueron desalojadas por peligro de derrumbe durante este año”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la ciudad sostuvieron que el operativo actual es la consecuencia de un deterioro que continuó avanzando después del desalojo realizado en enero. Según explicaron a LA NACION, una vez que el edificio fue evacuado, un grupo de propietarios presentó ante la Guardia de Auxilio un plan de trabajo elaborado por un estudio de arquitectos con el objetivo de restaurar la estructura. Sin embargo, la aprobación se demoró. “La presentación final se dilató por inconvenientes entre los dueños, lo que demoró algunos meses la solución”, indicaron.

Durante ese período, agregaron, los profesionales de la Guardia de Auxilio realizaron nuevas inspecciones. “Los arquitectos comprobaron un deterioro en las estructuras, por lo que se tuvo que implementar el vallado existente y el corte de las arterias ante el riesgo de desprendimientos de mampostería peligrosos para transeúntes y vehículos”, expresaron.

“Cuando el plan de trabajo definitivo de los propietarios sea presentado y aprobado por la Guardia de Auxilio se entregará el inmueble y, conforme avancen las obras, se retirará el vallado”, detallaron a este medio.

El impacto de la medida modificó la rutina de comerciantes, vecinos y tránsito pasante.

Mario González, de 50 años, dueño del restaurante Emily, ubicado en Sarmiento 3106 y frente al edificio afectado, coincidió con Llopiz Ortiz. “Ese edificio tiene peligro de derrumbe desde hace años. Las grietas están, por lo menos, desde hace cuatro. Después aparecieron las maderas que sostienen la estructura y, hace casi dos meses, instalaron el vallado”.

Sin embargo, cuestionó algunas de las explicaciones públicas que se dieron sobre el inmueble. “Lo que me llamó la atención es que la Ciudad empezó a decir que era una casa tomada. Eso no es así. Ahí vivían personas, eran propietarios”.

El comerciante sostuvo que el cierre de la esquina golpeó directamente la actividad económica. “Cortaron la calle y no dimensionan todo lo que eso provoca. Muchos negocios perdieron ventas porque este lugar siempre fue muy concurrido. Cuando cerrás una calle, la gente deja de pasar y los clientes desaparecen”.

También cuestionó cómo se organizaron los desvíos de tránsito. “Ahora hay policías sobre Valentín Gómez, pero en Sarmiento no quedó nadie. Decían que iban a poner personal para evitar que los colectivos pasaran por acá porque la calle quedó mucho más angosta con las vallas, pero eso nunca ocurrió. Los colectivos siguen pasando; a veces hasta se suben a la vereda y otras terminan hundiendo el asfalto. Si mirás bien, el pavimento ya está marcado”.

A pocos metros, Sandra Rivera, empleada doméstica de 45 años que vive a dos casas del inmueble, contó que el estado del edificio forma parte del paisaje desde que llegó al barrio. “Yo me mudé hace un año y ya estaba así. Siempre les digo a mis hijos que tengan cuidado cuando pasan por esta esquina. Ahora directamente ya no pueden pasar porque está todo cerrado”.

Mientras observaba el vallado, lanzó una pregunta que resume la incertidumbre que atraviesa a buena parte de los vecinos. “¿Qué van a hacer ahora? ¿Lo van a demoler?”

Las consecuencias económicas también se sienten sobre Jean Jaures. En el supermercado Chen Qiangbo, a pocos metros del operativo, un empleado que prefirió mantener su nombre en reserva describió cómo cambió el movimiento. “Antes esta calle tenía tránsito todo el día. Pasaban autos, colectivos, gente que venía caminando desde Once o desde Corrientes y muchos entraban de paso a comprar algo. Desde que está cerrada, cambió completamente. Hay días en los que parece una calle cortada para siempre. La gente evita venir porque piensa que no se puede pasar o que está todo bloqueado”.

Según explicó a este medio, la caída en las ventas fue notoria. “Nosotros vivimos mucho del movimiento del barrio. Hay personas que antes frenaban porque pasaban en auto o caminando hacia la estación y ahora directamente toman otro recorrido. Parece un detalle, pero cuando eso pasa durante semanas termina afectando muchísimo al comercio”.

El empleado aseguró que los comerciantes comprenden que las restricciones responden a una cuestión de seguridad, aunque esperan que la situación pueda resolverse lo antes posible. “Nadie quiere que ocurra una tragedia, pero también necesitamos que haya una solución”.

La situación también abrió un conflicto con algunos de los propietarios del edificio desalojado. María Inés Zarantonello, dueña del departamento 2D de Sarmiento 3107, consideró que el procedimiento realizado en enero fue desmedido y rechazó que el problema se reduzca únicamente a una cuestión estructural. “Somos propietarios. Nos respalda a cada uno la escritura correspondiente. El desalojo se hizo a la fuerza. Estamos en proceso para reparar el edificio. Siempre hay otros motivos que no son estructurales”, afirmó a LA NACION.

La mujer recordó el momento en que se concretó el operativo. “El jueves 22 de enero vinieron por la fuerza. Rompieron la puerta sin un preaviso, entraron con escudos como si fuéramos narcotraficantes, pero acá somos dueños”, sostuvo.

Desde el gobierno porteño, en cambio, remarcaron que la prioridad fue preservar la integridad de quienes permanecían en el inmueble y de las personas que circulaban por la zona.

En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat informó que, durante ese operativo, la Red de Atención intervino de manera inmediata para asistir a las personas afectadas por la clausura preventiva del edificio de Sarmiento 3107.

Según precisaron a LA NACION, fueron asistidas cuatro personas, integrantes de dos grupos familiares, a quienes se les realizó una evaluación de su situación social y habitacional para ofrecerles alternativas disponibles dentro de los dispositivos de emergencia del gobierno porteño.

Sin embargo, las personas asistidas manifestaron que contaban con alternativas de alojamiento transitorio en domicilios de familiares o allegados, por lo que decidieron no utilizar los espacios ofrecidos por la Ciudad. Los equipos sociales acompañaron a una de las familias mediante la derivación para gestionar un subsidio habitacional.

El futuro de la esquina permanece abierto. Las autoridades todavía analizan cuál será la solución definitiva. Hasta el cierre de esta nota, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias no había respondido la consulta realizada por LA NACION.