La expresidenta Cristina Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena que recibió en la causa Vialidad y sostuvo que durante el proceso judicial —que calificó como atravesado por un “machismo estructural”— se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso. En ese marco, este miércoles publicó una carta abierta en la que volvió a cuestionar la sentencia que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos y por la que se encuentra en prisión domiciliaria en Constitución.

“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”, comenzó la misiva.

En la carta, titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia”, la exmandataria sostuvo que la condena trasciende su situación personal. “El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”, afirmó.

A su vez, y también este miércoles, Kirchner publicó columnas de opinión en el mismo tono en el diario español El País, el francés Libération y el brasileño Folha de Sao Paulo.

“Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, acusó.

En esta misma línea, la expresidenta afirmó que “durante años” se pretendió juzgarla no sólo por sus actos, sino por su “condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”.

La expresidenta cuestionó: “Ser la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿Ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.

Tras denunciar una persecución con “violencia, estigmatización y arbitrariedad que excede cualquier límite razonable” —y mencionar como ejemplo el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022—, hizo hincapié en que la sociedad está frente a una “manifestación del profundo machismo” que persiste en instituciones que deberían “garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.

Kirchner sostuvo además que el verdadero objetivo de la condena es impedir su participación política. “Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, afirmó.

“La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina”, marcó y sumó: “Por eso, cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”.

Y subrayó: “Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”.

En ese contexto, anunció la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y recordó que, en 2022, tras el atentado que sufrió, un grupo de juristas internacionales integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltasar Garzón (España), Juarez Tavares (Brasil) y los italianos Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere ya había presentado una denuncia ante organismos internacionales las presuntas irregularidades y violaciones de derechos en su caso.

Por último, informó que incorporó a su defensa a dos nuevos abogados: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, a quienes describió como juristas de “reconocido prestigio internacional” y con una trayectoria “independiente y ampliamente respetada” en materia de derechos humanos. “Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece”, destacó.

En junio de 2025, la exmandataria fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó y condenó una maniobra de corrupción centrada en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Según el tribunal que emitió la condena original, se trató de una “maniobra fraudulenta que agigantó y benefició delictivamente a Lázaro Báez y, en última instancia, los enriqueció a ellos ”.

Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal afirmó que estuvo probada “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al grupo empresarial” que dirigió Báez.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy, señalaron diversas irregularidades en su recurso ante la Corte. Entre ellas, la “parcialidad de los jueces y fiscales”, ya que mencionaron que algunos “jugaban al fútbol en la quinta de Macri”. A su vez, argumentaron que “no tenía atribuciones respecto de las obras que fueron votadas en el Presupuesto Nacional por el Congreso”.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de hecho de la defensa de Cristina Kirchner y dejó firme la condena. Entre los fundamentos, el máximo tribunal señaló que la apelante “no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma”, es decir, no realizó una “crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna”.