El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), también conocido como cupones de alimentos, estaría en riesgo para noviembre de 2025, si el cierre del gobierno no se resuelve. Esta es la razón por la que el pago del beneficio quedaría suspendido.

El pago del beneficio SNAP estaría en riesgo: lo que se sabe

De acuerdo con un reporte de The Associated Press, cuando el gobierno de Estados Unidos cerró el pasado 1º de octubre, quedó claro que los beneficios de SNAP continuarían en el mes en curso, sin embargo, no se especificó que pasaría con los pagos del próximo mes.

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), que supervisa el programa, envió cartas el 10 de octubre a las agencias estatales que administran la iniciativa que no enviaran ciertos archivos a los contratistas que permitirían cargar las tarjetas EBT (de transferencia electrónica) a principios de noviembre, señala la agencia de noticias.

Carolyn Vega, directora asociada de análisis de políticas de Share Our Strength, un grupo de defensa contra la pobreza, explicó a AP que “pausar el envío de información ahora no significa que las tarjetas no se puedan cargar el próximo mes, con o sin la reanudación de las operaciones gubernamentales”.

Pero, advirtió que tampoco son buenas noticias. “Las incógnitas apuntan en una dirección negativa para noviembre”.

La especialista indicó que de no haber un acuerdo presupuestario que ponga fin al cierre de gobierno, es posible que los gobiernos estatales o federales liberen fondos para cubrir la brecha, pero debido a la cantidad de dinero necesaria, representa un desafío.

En ese contexto, Peter Hadler, subcomisionado del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, comentó a los legisladores de su estado que intentar lograrlo podría suponer otro problema, ya que no se espera que el gobierno federal reembolse el dinero a los estados.

Hadler también dijo que prevé que la red EBT se desconectará a nivel minorista si el programa no cuenta con financiación federal y en ese caso, ni siquiera quienes tengan saldo podrían acceder a él.

Los estados y sus acciones ante la alerta de SNAP: Nuevo México y Minnesota

El reporte de AP precisa que más de 1 de cada 5 residentes de Nuevo México reciben beneficios SNAP, a un costo de aproximadamente 90 millones de dólares al mes, por lo que la idea de que los beneficios desaparezcan ha generado alarma en la entidad.

El representante estatal Nathan Small, demócrata y presidente del comité principal encargado de la redacción del presupuesto, señaló: “Creo que es un daño directo sin precedentes para los neomexicanos, las comunidades y la economía de Nuevo México”.

Sin embargo, comentó que es demasiado pronto para decir si el estado podría encontrar opciones para mitigar cualquier daño si se eliminan los beneficios.

Por su parte, el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota informó que no aprobarán nuevas solicitudes de SNAP después del martes 21 de octubre. La agencia de noticias explica que el estado se preparaba para informar a los beneficiarios que no se emitirían los pagos de noviembre, salvo que se produjeran cambios.

“Una interrupción en la recepción de asistencia alimentaria puede ser muy perjudicial, incluso grave, para las vidas de las familias de Minnesota”, dijo Tikki Brown, comisionada del departamento.

Los cambios y nuevos requisitos que entran en vigor

El cierre gubernamental se suma a otros cambios de política que entran en vigor y que podrían reducir el acceso a SNAP, independientemente de la financiación. Estas son modificaciones a los requisitos de trabajo para recibir beneficios que se aplicarán a adultos con hijos de 14 a 17 años y a personas de 55 a 64 años.

Con la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de este 2025, se hicieron modificaciones en los criterios de elegibilidad para aplicar al beneficio. Estas políticas ya están vigentes, y algunas personas podrían comenzar a perder cobertura alrededor de enero.

El nuevo requisito laboral para conservar los cupones de alimentación consiste en que los solicitantes deben certificar que han trabajado, hecho voluntariado o estudiado al menos 80 horas al mes.